Las 15 demandas en Colombia

Los colombianos llevaron a cabo este jueves un paro nacional en contra de las políticas neoliberales implementadas por el presidente Juan Manuel Santos, que mantienen en quiebra a diversas industrias fundamentales del país.

En un documento las centrales obreras colombianas y organizaciones sociales plasmaron las 15 demandas que hacen al mandatario.

1. Desarrollar un programa estructural con medidas de emergencia para el pueblo Wayúu y otros más donde la hambruna y la muerte de la niñez son una vergüenza para Colombia.  

El Instituto Nacional de Salud de Colombia reveló recientemente que unos 29 niños, menores de cinco años, han muerto en este país suramericano en lo que va de 2016 por diferentes patologías, asociadas a la desnutrición.

Los departamentos colombianos con más casos son Magdalena, La Guajira y Tolima.

Según la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, la desnutrición pasó de ser un problema de alimentación en las familias de la etnia Wayúu a un problema “estructural” de salud pública.

La ubicación geográfica de estas zonas, las distancias largas entre rancherías donde habitan estos niños, la falta de agua agravada por el fenómeno El Niño, el abandono estatal prolongado, la corrupción, son algunas de la causa que originan esta situación.

2. Cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las diferentes organizaciones de los trabajadores, pensionados, campesinos, afros, estudiantes, indígenas, transportadores y empresarios agrarios.

El director de la Escuela Nacional Sindical, Carlos Julio Díaz, destacó que el presidente de Colombia ha asumido compromisos con diversos sectores del país, que luego se quedan sin cumplimiento.

"El Gobierno se comprometió en muchas cosas con sectores sindicales que apoyaron su reelección. Por ejemplo, a revisar la Ley 789 para restablecer los derechos perdidos en materia de recargos nocturnos y dominicales. Con los sindicatos estatales se han hecho dos acuerdos marcos, en 2013 y 2015, y si se hace una revisión de ellos, todo se quedó en el papel. Y a los campesinos del famoso paro agrario tampoco se les ha cumplido. El Gobierno firma, pero no cumple". 

3. Alza general de subsidio de transporte y salarios, con equidad para las mujeres y reducción de las tarifas de servicios públicos y transporte. Reducción del costo de la canasta familiar y establecimiento de mínimos vitales.

Ante las complicadas negociaciones con las centrales obreras y empresarios, el Ministerio de Transporte de Colombia decidió de forma unilateral el alza del salario mínimo para 2016. Así se definió un aumento del 7 por ciento, que es rechazado por los colombianos, pues este pasaría de 644 mil 336 pesos a 689 mil 454 pesos, lo que representa un aumento de solo 45 mil 103 pesos, 1 mil 503 pesos diarios.

Por otra parte, el subsidio de transporte también subió de 74 mil pesos a 77 mil 700, lo que representa un aumento de 5  por ciento.

Además, reclaman la equidad para las mujeres en un país donde entre 2014 y 2015 se registraron más de 100 mil casos de feminicidios.

4. Defensa del patrimonio público, especialmente de Ecopetrol (construcción del PMRB, no a la venta de las filiales ni al cierre de campos petroleros) y las empresas públicas territoriales como ETB, EAAB, EEB, Emcali y la participación del Estado en ISA e Isagen.  

El Gobierno de Juan Manuel Santos sigue adelante con su política privatizadora y ha centrado sus acciones en la venta de empresas prioritarias para el país.

En un listado oficial, enviado al Congreso, figuran como empresas a privatizar durante el 2016, ISA, el Banco Agrario, Artesanías de Colombia, Findeter, la Financiera de Desarrollo, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Colombia Telecomunicaciones Cotel, la Generadora y Comercializadora del Caribe, Gestión Energética Gensa, la Empresa de Energía del Pacífico y las Centrales Eléctricas del Cauca.

En enero de este año, el Gobierno colombiano vendió 57,6 por ciento de las acciones de la empresa generadora de energía, Isagen, considerada la más grande e importante del país, al consorcio canadiense Brookfield Asset Management. 

La venta se hizo mediante una subasta con una única propuesta que se llevó la oferta. 

5. Evaluación y revisión de los TLC. Defensa de producción nacional, tanto agropecuaria como industrial, mediante mecanismos arancelarios, tributarios, financieros, (condonación parcial de deudas y rebaja de intereses para los afectados por el verano). Rechazo a la importación de alimentos con arancel cero y el desmonte de las licoreras.

Los campesinos colombianos han sido los más afectados por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. 

El déficit de la balanza comercial colombiana ha aumentado de 323 millones de dólares en 2012 a mil 22 millones en 2014, a solo dos años de la entrada en vigor.

Los productores agrícolas rechazan la eliminación del arancel a las importaciones de lenteja, fríjol, ajo y los aceites crudos y refinados; una medida tomada por el Gobierno con el fin de desacelerar la inflación de alimentos y reducir el costo de la canasta familiar.

Según Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) la decisión no solo desestimula la producción nacional sino que no genera el efecto deseado de contrarrestar la inflación, al perderse esta reducción en la cadena de distribución.

Asimismo, advierten que pone en riesgo el plan Colombia Siembra, buscaba incentivar, además de palma, la producción de maíz amarillo y blanco, soya, arroz, cacao, caucho, forestal comercial, piscicultura, algodón y otros cultivos exóticos, sembrando un millón de hectáreas de 2016 a 2018.

6. No a la privatización de la salud y la educación a cargo del Estado e incremento presupuestal para estos sectores. Dignificación de la salud de docentes y pago de deudas laborales. Reforma universitaria democrática y concertada, y la condonación de deudas de estudiantes con el Icetex y fortalecimiento presupuestal del Sena.  

La Organización para la Cooperación  y Desarrollo Económico (OCDE), reveló que Colombia invierte anualmente USD $ 3.291 por habitante, lo que lo convierte en el segundo país que menos invierte en educación por habitante.

Los colombianos denuncian que la salud en este país se ha convertido en un negocio, y piden derogar la ley de salud que enriquece a los particulares y les niega a los pacientes soluciones de forma accesible.

7. Promoción del empleo en condiciones de trabajo digno y decente, política de formalización laboral y ampliación de las plantas de personal en el sector público y privado, con quienes cumplan funciones permanentes y misionales, así como protección del derecho al trabajo y acceso al espacio público para los informales.

La desaceleración de la economía en este país se ha sentido en el mercado laboral y en enero la tasa de desocupación se ubicó en 11,9 por ciento. Es así como en esta nación suramericana actualmente hay 2.8 millones de colombianos en edad de trabajar por fuera del mercado laboral y 13.4 millones de inactivos.   

8. Promover un ordenamiento territorial con base en  protección del medioambiente y el agua como derecho fundamental. La moratoria minera y la consulta previa para proyectos minero-energéticos.  

Alrededor de 13 millones de metros cúbicos de agua se ven afectados cada año en Colombia por cuenta de la minería ilegal, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo de este país.

En 2014 la tasa de deforestación del país alcanzó las 140 mil 356 hectáreas de bosques naturales, la mayoría en la Amazonía.

9. Reducción de los precios de los combustibles y congelamiento de peajes. Impedir la cesión de corredores viales.  

A partir del viernes 1 de enero, la gasolina en Colombia subió 78 pesos con respecto a diciembre de 2015. En Bogotá, el galón se ubicó  a 7 mil 822 pesos y 7 mil 770 pesos para Medellín.

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia indicó que la medida obedece al aumento de los precios del etanol y la devaluación de la tasa de cambio.

Asimismo, exigen el congelamiento de los peajes y alegan que en esta nación se pueden llegar a pagar hasta tres peajes en un recorrido de 30 kilómetros, en el cual las carreteras están en malas condiciones.

11. Defensa de la tierra para la producción agropecuaria del campesinado y el reconocimiento de sus derechos. Fortalecimiento de economía propia. Sustitución  gradual para pequeños productores de cultivos ilícitos.

Organizaciones sociales y políticas colombianas demandan ante la Corte Constitucional la derogación de la ley de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), y alegan que la norma no respeta los derechos de los campesinos e indígenas, sino que entrega al menos seis millones de hectáreas de sus tierras a empresas multinacionales.

12. Garantía plena de los derechos humanos, libertades sindicales y no criminalización ni judicialización de la protesta social y reparación colectiva. Desmonte del Esmad.  

En tan solo un mes, seis líderes sociales han sido asesinados en el Cauca,en el sureste del país. Pero la situación se ha generalizado y preocupa a las organizaciones y defensores de los derechos humanos.

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13. Fortalecimiento del régimen de prima media (Colpensiones) y no realizar modificaciones regresivas al régimen pensional. Pleno reconocimiento de los derechos prestacionales de militares y policías en retiro.

En 2015, el jefe de la cartera laboral colombiana, Luis Eduardo Garzón, aseguró que la nación está a las puertas de abrir el gran debate de una nueva reforma pensional, que podría iniciar en marzo  de este 2016.

De ponerse en marcha la discusión sería la segunda reforma que se haría en menos de 10 años de régimen pensional, debido a que durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se aprobó una modificación que aumentó la edad de pensión para hombres y mujeres y eliminó  la mayoría de regímenes especiales.

14. Disminución de las tasas de interés acabando la especulación financiera y protegiendo al sector de la economía solidaria (cooperativas y cajas de compensación).  

En su primera reunión de 2016, la junta directiva del Banco de la República aumentó en 25 puntos básicos la tasa de interés, lo que la ubicó en 6 por ciento. Esta cifra alcanza su nivel más alto desde mayo de 2009.

15. Política pública concertada de lucha contra la corrupción y la impunidad. Fortalecimiento de los órganos de control.

En la medición que hace cada año Transparencia Internacional, Colombia obtuvo un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción). De acuerdo con estos resultados el país ocupa el puesto 83 de los países corruptos de entre 168 países evaluados. 

Entre los 26 países evaluados del continente americano, Colombia se encuentra en el puesto 12 de la tabla. Esto demuestra que los colombianos continúan teniendo la percepción de que su Estado es corrupto.