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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó este miércoles a la abogada de la comunidad Wayúu, Carolina Sáchica Moreno, que no declarará estado de excepción en La Guajira por la emergencia social que golpea la zona.
El mandatario argumentó que los requisitos exigen la existencia de hechos sobrevinientes, es decir, sucesos anormales que el Estado solo pueda controlar con facultades extraordinarias.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de Colombia dio a conocer la decisión del mandatario después de que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá le ordenó el pasado viernes responder un derecho de petición interpuesto por Moreno el 4 de noviembre de 2016, en el que solicitaba declarar estado de excepción en La Guajira.
La demanda de Moreno planteaba los hechos de crisis y emergencia social, ecológica y económica que afronta esta población indígena en la Guajira colombiana.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Situación Nutricional de Colombia, el Departamento de La Guajira registra los más altos índices de desnutrición general en el país y ocupa el primer lugar con una prevalencia del 11,2 por ciento.
>>Cifras de la crisis humanitaria en La Guajira colombiana
Sobre la decisión del mandatario, la abogada de la comunidad Wayúu respondió que el presidente "responde diciendo que no iba a declarar estado de excepción por no encontrarse en el caso hechos sobrevinientes, como si cada nueva muerte por sed y desnutrición no contara como tal. Creo que es una respuesta un tanto corta frente a la situación tan grave que hay”.
El Gobierno colombiano en el comunicado también explicó que antes de proceder con la declaración de estado de excepción, previamente se deben acudir a todas las medidas ordinarias para superar la crisis.
Moreno indicó que en La Guajira mueren decenas de niños de la etnia por causas asociadas a la desnutrición y se preguntó ¿cuántos más tienen que morir para determinar que esas “medidas ordinarias” utilizadas por el Gobierno son insuficientes para contrarrestar la tragedia humanitaria?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó en diciembre de 2015 tomar medidas cautelares por la crisis en La Guajira.
Para la abogada, el Gobierno de Santos no le ha dado la importancia a la reivindicación de los derechos de la comunidad Wayúu. "El Estado colombiano tiene una deuda enorme con este pueblo víctima del abandono estatal", sentenció.
