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La Sala de Apelaciones y Mayor Riesgo de Guatemala denegó la solicitud del expresidente Otto Pérez Molina (OPM) de retirar el embargo a seis cuentas bancarias a su nombre con montos de 5,2 millones de Quetzales (unos 674 mil 974 dólares) y otras con saldos de 22 mil dólares.
A pesar de que OPM y sus abogados, aseguran al Tribunal que el dinero que contienen esas cuentas provienen de los sueldos devengados durante los casi cuatro años de mandato, las autoridades aseguran que hay fuertes indicios de que estos fueron adquiridos de manera ilícita.
Asimismo, la Fiscalía de Delitos de Lavado de Dinero y Extinción de Dominio, certificó por medio de documentos, informes y archivos, que existen varias anomalías en los movimientos bancarios del exmandatario.
“Su perfil económico no es el propio para el volumen de sus operaciones bancarias”, detalló la fiscalía.
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El órgano fiscal presentó documentos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en los que demuestra que en 2009 el expresidente recibió capital que aparentemente provenía del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ).
En este sentido, una investigación determinó que el 6 de agosto de 2009, (FONAPAZ) designó un proyecto de mejoramiento del tramo carretero por 7 millones de quetzales (unos 908 mil 619 dólares), a la empresa Agricultura y Mecanización de Tierras, S.A. (Agromec) propiedad del diputado Estuardo Galdámez, diputado oficialista por Quiché. Ese mismo día, la compañía hizo un deposito de 2.1 millones de quetzales (cerca de 272 mil 585 dólares) a una constructora de Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), actualmente en auto de procesamiento y prisión preventiva, por el fraude en medicamentos para enfermos renales.
Seis días después, la constructora emitió un cheque a nombre de Pérez Molina por 500 mil quetzales (64 mil 901 dólares), y al cabo de dos día más, es decir el 14 de agosto del mismo año, el expresidente canceló un préstamo por 431 mil quetzales en un banco del sistema.
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