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    El pueblo colombiano llama al Gobierno a respetar el acuerdo de paz

En una carta pública al presidente Juan Manuel Santos, el presidente del FARC, Rodrigo Londoño, reclamó el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y le exigió que cumpla con “lo prometido y firmado”

A inicios de esta semana  el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (OIAP), dio a conocer su cuarto informe  titulado “¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir los Acuerdos de Paz?”, el documento revela que a la fecha solo se ha cumplido el 18 por ciento de lo pactado en este primer año.

De acuerdo al documento la mayoría de los incumplimientos son responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso y explica que durante la implementación de los acuerdos se ha mantenido un marco de violencia y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos “que ponen en entredicho las garantías de participación de las comunidades”.

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En este sentido la agrupación política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció amenazas de muerte contra sus militantes por grupos de ultraderecha, y señalaron que desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016 con el gobierno, han sido asesinadas más de dos docenas de excombatientes, colaboradores o familiares.

Sectores populares colombianos llaman a respetar el acuerdo de paz. Foto Resumen Latinoamericano 

El pasado mes de mayo en una carta pública al presidente Juan Manuel Santos, el presidente del FARC, Rodrigo Londoño, reclamó el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y le exigió que cumpla con “lo prometido y firmado” en los acuerdos de paz de La Habana, tras acusarlo de incumplir las “garantías mínimas” de ese pacto.

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En el texto Londoño afirma que la insurgencia ha cumplido con la concentración de sus fuerzas en las zonas veredales y puntos establecidos por las partes, la entrega de todo su armamento en el tiempo establecido, mientras el gobierno mantiene presos a más de un millar de excombatientes cobijados en la Ley de Amnistía, no ha combatido al paramilitarismo, que ha crecido y ocupado las zonas dejadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP).



 La implementación del acuerdo de paz

En entrevista para teleSUR el analista colombiano Carlos Medina Gallego detalló que el acuerdo se implementa de acuerdo a los avances dados en los puntos de la agenda, a partir de aquí se traza un promedio que explica cuánto se ha avanzado.

El especialista en el tema del conflicto colombiano indicó que en el primer punto de la agenda de diálogos de La Habana referente al problema de la tierra no se han presentado los logros necesarios.

El expresidente Álvaro Uribe es el principal promotor de la campaña en contra del acuerdo de paz. Foto: Centrotampa

El informe del (OIAP) detalla que el tema agrario sólo se ha avanzado un 6.9 por ciento. Para Gallego  a pesar de ser el primer punto de la agenda es el último discutido en el Congreso, el especialista recordó que el problema de la tierra fue uno de los principales causantes del conflicto colombiano.

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El dirigente del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, afirmó que  el presidente Santos, al promulgar el decreto 902 del 31 de mayo pasado, no solo incumple la agenda discutida y aprobada en La Habana sobre el tema agrario, sino que favorece a los terratenientes, en detrimento de los campesinos pobre y medios. 

Respecto al Congreso, solo hay 4 actos legislativos aprobados, una ley orgánica, una ley estatutaria y una ley ordinaria. Lo que expone que en total haría falta por presentar 11 leyes ordinarias, 18 decretos, 3 leyes estatutarias, 2 leyes orgánicas y 2 actos legislativos.

En torno al segundo tema de la agenda de La Habana, Participación Política, Carlos Medina Gallego dijo que no se ha discutido lo concerniente al tema de la reforma electoral y política, tampoco se ha llevado a cabo el reordenamiento de las circunscripciones especiales de paz.

Para el analista la lentitud en la discusión legislativa y aprobación de leyes responden al interés de las formaciones políticas de impedir las transformaciones necesarios para blindar el tema político.
Gallego explicó que los agrupaciones políticas colombianas no les conviene el reordenamiento de las circunscripciones  por temor a perder su poder en estas zonas y regiones.

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En el tema de Justicia, el analista aseguró que las discusiones relativas a la Jurisdicción  Especial para la Paz (JEP) las discusiones se han dado con lentitud, Medina Gallego indicó que la intención de la mayoría de los legisladores es que solo los excombatientes se presenten a la justicia. Contraviniendo lo pactado en La  Habana.

El analista comentó que en el acuerdo se estableció que  los combatientes y líderes de los grupos paramilitares y todos aquellas personas ( industriales, empresarios y políticos) que colaboraron financiera y logísticamente con el conflicto deben someterse también a la JEP.


Avances 

Según el informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz, al momento se ha presentado un mayor avance en el punto de reincorporación política y socio económica con un 33,8 por ciento, luego víctimas e implementación de la Justicia Especial de Paz con un 27,6 por ciento, el desmonte del paramilitarismo con 24,4 por ciento, el punto de étnicas con 23 por ciento, el sistema Integral de Seguridad con un 22,7 por ciento y la participación política con un 19,3 por ciento.

Entre los puntos donde se ha presentado pocos avances  se encuentran las garantías al respeto al DDHH con un 10 por ciento, la reforma Rural Integral 6,9 por ciento, la prevención del consumo de drogas ilícitas con un 3,8 por ciento y la comercialización de cultivos con un 2 por ciento. 

El informe “¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir los Acuerdos de Paz?”, recalca que aún 1.270 excombatientes siguen privados de la libertad a pesar de estar incluidos en la Ley de Amnistía.

La preocupación de los colombianos  sobre los tiempos para la aprobación de leyes y normas por la vía del Fast Track que el venidero 30 de noviembre expira por lo que muchas de las leyes para garantizar la no repetición del conflicto quedarían por fuera. 


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