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    Las FARC-EP han presentado propuestas para finalizar el conflicto armado.

A pesar de que el Gobierno de Colombia ha expresado en varias oportunidades su “deseo” de que se firme la paz, sus acciones unilaterales han ralentizado y complicado el proceso.

El 23 de septiembre de 2015, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que luego de firmar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) el acuerdo sobre justicia transicional y víctimas, se pactó un lapso de seis meses para poner fin a más de 50 años de conflicto en el país suramericano.

Con relación a esto, el mandatario indicó este viernes que es necesario cambiar los procedimientos de negociación para "acelerar" el proceso de paz y firmar el acuerdo de fin del conflicto antes de la fecha planteada.

Tras participar en la Cumbre del la Paz en Cartagena, Santos aseguró que “si cambiamos la forma de negociar, vamos a poder firmar antes del 23 de marzo”.

No es la primera vez que el mandatario de Colombia pide que se apresuren las negociaciones para alcanzar la paz, y en torno a este reiterado mensaje, analistas y miembros de las FARC-EP aseguran que una de las principales causas de la demora de este acuerdo es la toma de decisiones unilaterales por parte del Gobierno.

Con relación a esto, el pasado mes de noviembre, la delegación negociadora de la insurgencia instó al Ejecutivo de su país a abandonar el unilateralismo, debido a que afecta de manera negativa el proceso de paz.

"Lo primero que debe hacer es cerrar el camino equivocado de las decisiones unilaterales en torno a temas que deben ser consensuados por las partes", reza un comunicado emitido entonces por la guerrilla.

Ese mismo mes, el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez expresó su preocupación por posibles acciones del Gobierno para complicar el progreso de los acuerdos, debido a que se hizo común los aplazamientos y disculpas para no cumplir los ciclos.

"Hoy nos preocupa que del lado del gobierno prospere un cierto propósito de ralentizar, de complicar el progreso en los acuerdos. El lento ritmo impuesto en la Mesa y las Subcomisiones da mucho qué pensar. Se volvieron frecuentes los aplazamientos, los pretextos y las disculpas para no cumplir los ciclos y las sesiones del modo esperado", dijo el líder guerrillero conocido como Timochenko.

 

Seguidamente, rechazó el hecho de que a casi dos meses de la firma del acuerdo de justicia, "no podía considerarse cerrado, que lo único oficial era un comunicado. Que había que revisar una serie de temas (...) Y no porque las FARC-EP hayamos desconocido una sola letra de lo aprobado".

Respecto a esto el senador colombiano, Iván Cepeda, señaló en declaraciones para la web de teleSUR, que esta críticas tienen justificación, debido a que en varias oportunidades el Gobierno ha emprendido iniciativas unilaterales, bien sea a través de anuncios que no discutidos con las FARC-EP, con proyectos de leyes sobre la paz para la discusión del Congreso de la República y que contradicen abiertamente los acuerdos alcanzados en La Habana u otras medidas.

Cepeda destacó que estas acciones "riñen con el principio esencial de las conversaciones, que es el principio de la bilateralidad".

Vea aquí→ Timochenko: Santos contradice en hechos voluntad de paz

Lo que queda pendiente

La agenda de los Diálogos de Paz que se desarrollan en La Habana desde el año 2012, entre el Gobierno y las FARC-EP, contempla seis puntos: el desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y por último la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.

En tres años de negociaciones las partes han alcanzado acuerdos en cuatro puntos: el desarrollo agrario, que llevaría a la solución del conflicto de la tierra; la participación política, que permitirá a los miembros de la insurgencia ejercer cargos políticos tras dejar las armas; las drogas ilícitas, que contempla atender la sustitución del cultivo y programas de prevención públicas y por último el acuerdo de las víctimas, con el cual se reivindicará a todas las personas que han sufrido algún tipo de vejación por la guerra en Colombia.

Quedan pendiente el fin del conflicto y la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Mucho se ha dicho de que las partes puedan pactar al respecto antes del 23 de marzo, debido a que hasta ahora, la delegación del Gobierno no ha presentado propuestas para avanzar en la dejación de armas (una de las condiciones para el fin del conflicto) y se ha negado a discutir las ideas aportadas por la FARC-EP.

De igual manera, las partes aun no han acordado los mecanismos para lograr que se cumplan todos los puntos suscritos en la mesa de negociaciones.

En entrevista exclusiva al equipo web de teleSUR, el politólogo Carlos Medina consideró que estos puntos demandan especial atención, debido a que no son de fácil tratamiento.

Medina señaló además que existen unas 70 salvedades en todos los puntos de la hoja de ruta que aún cuando ya fueron tratadas, "deben ser retomadas para subsanar esas discusiones que no se han terminado".

Indicó que en cuanto al funcionamiento de la justicia transicional que se va a implementar, es necesario dejar claro cada una de sus directrices, a fin de que una vez firmado el acuerdo de paz, no haya una doble o triple interpretación.

"La lectura de los acuerdos tiene que ser única y homogénea por parte de la delegación del Gobierno y de las FARC, de tal manera que la ruta que siga la implementación pueda encontrar los mecanismo institucionales y constitucionales que posibiliten que esos acuerdos se materialicen en el transcurso de los siguientes años", dijo.

Garantías de las FARC-EP

Las FARC-EP ha exigido en reiteradas oportunidades al Gobierno colombiano la garantía de su seguridad integral, una vez que se convierta en movimiento político tras la firma del acuerdo definitivo de paz.

La guerrilla solicita además condiciones especiales que le garanticen el respeto como organización política.

La insurgencia ha dejado claro que no firmará la paz definitiva para Colombia hasta que el Gobierno dé las garantías necesarias.

“Es imprescindible abandonar la actual doctrina militar, que el Ejército se ocupe de sus tareas, proteger la nación, cuidar la frontera y que la policía se dedique al orden público, las FARC, por su parte se desmovilizarían como fuerza armada”, dijo en noviembre pasado el , declaró el principal asesor jurídico de FARC-EP, Enrique Santiago.

En cuanto a los presos políticos, Medina señala que es necesario que el Ejecutivo libere a los 30 prisioneros que fueron indultados y que no demore más esa situación como lo ha venido haciendo hasta ahora.

"Se necesita que el indulto tenga curso porque muchos de los prisioneros están en condiciones de salud precarias", dijo.

Por su parte, el senador Cepeda destaca que una vez firmado el acuerdo definitivo de paz, se tendrán mecanismos de verificación nacionales e internacionales.

Señaló como positivo el hecho de que en los últimos seis meses se ha dado “una objetiva disminución del conflicto armado. En eso ha contribuido el alto al fuego de la guerrilla, pero también se ha presentado una disminución de la actividad militar de las fuerzas estatales que han suspendido bombardeos contra la guerrilla y sus campamentos".

Finalmente, se mostró esperanzado de que en esta parte final de las negociaciones se pueda protocolizar y oficializar el cese bilateral de hostilidades, creando mecanismos que garanticen que las dos partes no rompan ni violen la medida.

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