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El Gobierno de Mariano Rajoy apeló a la máxima instancia para frenar la independencia de Cataluña.
El Tribunal Constitucional de España suspendió la resolución independentista aprobada por el Parlament de Cataluña, bajo el argumento de que su contenido carece de validez.
Esta decisión, tomada por unanimidad, por parte de los altos magistrados del Alto Tribunal, implica la inmediata suspensión que deberá ser ratificada o levantada en un plazo no superior a cinco meses.
El recurso presentado por la Abogacía del Estado señalaba que la citada resolución viola ocho artículos de la Constitución Española, además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.
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La resolución insistía en que los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como la unidad ideal de imputación del poder constituyente, sino que están sometidos al Ordenamiento español y no tienen más derechos que los que la Constitución les garantiza.
El texto independentista, aprobado por 72 votos contra 63, plantea que en el plazo de un mes, comience la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que serían las bases de una hipotética República catalana.
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