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La venta de tierra a extranjeros en Brasil ha generado controversia en ese país.

La venta de tierra a extranjeros en Brasil ha generado controversia en ese país. | Foto: Reuters

Publicado 17 febrero 2017

El Gobierno interino de Michel Temer pretende modificar las leyes de ese país para facilitar la venta de tierras a empresas transnacionales.

El presidente interino de Brasil, Michel Temer, diseña un proyecto de ley que liberaría la venta de tierras en ese país a empresas y ciudadanos extranjeros. La medida es rechazada por la población y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

El Gobierno de facto de Temer pretende facilitar el acceso y la compra venta de tierras en ese país a inversores extranjeros, pese a que las leyes brasileñas no lo permiten actualmente.

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Esta propuesta sobre la venta de tierras fue rechazada por la presidente de ese país, Dilma Rousseff, durante su gestión.

El texto establece que el inversor extranjero puede comprar un máximo de 100.000 hectáreas de tierra (unos mil kilómetros cuadrados, tres veces el área de la ciudad de Belo Horizonte) para la producción y también se puede alquilar otras 100 hectáreas. De este modo, empresarios extranjeros tendrían 200.000 hectáreas de tierra disponible.

Como respuesta al proyecto, el líder nacional del MST, Joao Pedro Stédile, aseguró que reaccionarán con ocupaciones si el Gobierno de Temer toma la decisión de liberar la venta del suelo a extranjeros.

“Vamos a dar un aviso a las empresas: si se toma esa medida irresponsable, no se atrevan a comprar terrenos aquí, porque nosotros vamos a ocupar todas las áreas que fueran cedidas al capital foráneo”, advirtió Stédile.

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El dato: Hasta 1998 una ley de 1971 permitía a las empresas extranjeras con sede en Brasil comprar tierras. En ese año, el Procurador General de la Unión (AGU) interpretó que las empresas nacionales y extranjeras no podían ser tratadas de manera diferente y por lo tanto libera la compra de terrenos.
La ley generó la crítica en algunos sectores de la sociedad brasileña, ya que este tipo de adquisiciones implica el control de amplias zonas de terreno a grupos subordinados a potencias extranjeras.
Ante las presiones sobre el tema, un nuevo dictamen de la AGU en 2010 restaura las restricciones para la adquisición de este tipo de propiedades y prohíbe a las empresas extranjeras obtener el control, manejo y explotación de las tierras en ese país.

 

 


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