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El proyecto aprobado por el senado estima condenas de 16 a 30 años de prisión.

El proyecto aprobado por el senado estima condenas de 16 a 30 años de prisión. | Foto: EFE (Archivo)

Publicado 29 octubre 2015

Con 24 votos fue aprobado el proyecto de ley antiterrorista que será presentado ante el Congreso. 

El Senado de Brasil aprobó con 34 votos a favor y 18 en contra los cambios del proyecto inicial de ley contra el terrorismo, el cual será remitido a la Cámara de Diputados para su posterior análisis. 

La propuesta comprende penas de 16 a 24 años de cárcel para quienes incurran en delitos relacionados con el terrorismo. 

Entre los puntos que toca el proyecto se incluye "socavar personas, a través de la violencia o grave amenaza, suscitado por el extremismo político, la intolerancia religiosa o prejuicios raciales, étnicas, de género y xenofóbicos, con el fin de causar un pánico generalizado”. 

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El debate se desarrolló en dos horas, durante las cuales se acordó calificar como terrorismo acciones violentas contra instituciones públicas, interrupción de los servicios de comunicaciones, secuestro de aviones, atentados con bombas o el uso de gas de material tóxico y radiológico en los edificios y lugares con grandes concentraciones de personas, destaca PL. 

En el caso de que acciones calificadas como terroristas causen la muerte de algún ser humano o, en su lugar, se determine la intervención y/o apoyo de Gobiernos extranjeros, se aplicaría la pena máxima de 30 años de prisión. 

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Dentro de las enmiendas sugeridas estaba al texto estaban las de no tipificar las protestas de grupos sociales como actos de terrorismo, pero estas fueron desechadas, pues no recibieron el respaldo de la mayoría de los senadores.

Sólo fue aceptada una recomendación que pedía incluir en el concepto de terrorismo político los atentados contra el Estado Democrático, con el fin de poner en peligro el funcionamiento de sus instituciones.

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EL DATO 

Brasil preveé aprobar la ley antiterrorista, a solicitud expresa del Grupo de Acción Financiera en contra del Lavado de Dinero (GAFI por sus siglas en francés), tras recibir una advertencia en noviembre de “poner poco empeño” en combatir grupos terroristas. 
Argentina y Chile son los primeros países en América Latina en contar con leyes de este tipo. 

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