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Los parlamentarios solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, que inicie el proceso de juicio político lo antes posible.

Los parlamentarios solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, que inicie el proceso de juicio político lo antes posible. | Foto: EFE

Publicado 21 octubre 2015

Los diputados opositores indican que el Gobierno de Dilma Rousseff incurrió en delitos durante el año 2014 y 2015.

La oposición brasileña presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados una nueva petición de juicio con miras a la destitución de la actual mandataria de Brasil, Dilma Rousseff.

Inicialmente, la documentación de denuncia presentaba supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno de la nación durante el año 2014, sin embargo, tras ciertos arreglos en el expediente, los denunciantes aseguran que las anomalías se extendieron hasta 2015.

Sepa más→ Las tácticas de la oposición contra Dilma Rousseff

EL DATO→ La Cámara de Diputados de esa nación ha rechazado hasta el momento once peticiones de la oposición contra la presidenta Dilma Rousseff.

La corresponsal de teleSUR en Brasil, Adriana Robreño, detalló que la entrega de la documentación estaba prevista para el viernes, sin embargo, los diputados de la oposición brasileña pidieron más tiempo para incluir más argumentos a la solicitud de destitución.

“En su documento alegan que la mandataria y su Gobierno no solo cometieron irregularidades en las cuentas correspondientes al año 2014 (…) sino que alegan que esas irregularidades continuaron en el año 2015, y ese es el principal argumento que usan para hacer esta solicitud de juicio político”, señaló la corresponsal.

Asimismo, Robreño indicó que luego de hacer entrega del documento, los parlamentarios solicitaron a través de declaraciones a la prensa, que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, inicie el proceso de juicio político lo antes posible.

En la documentación, los denunciantes indican que Rousseff incurrió en un "delito de responsabilidad", hecho que la Constitución de la nación contempla entre los posibles motivos para destituir a un mandatario.

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Cunha, responsable de analizar los pedidos de destitución de un jefe de Estado en el marco de la ley, enfrenta actualmente una investigación en su contra por sospechas de lavado de dinero y corrupción, a través de la estatal Petrobras. Además, la Fiscalía suiza investiga desde el pasado abril varias cuentas bancarias a su nombre y bloqueó los fondos sospechosos.

El pasado lunes, Cunha apeló ante la máxima corte para que deje sin efecto los amparos que suspendieron el proceso de moción de censura (impeachment) contra Rousseff, sin embargo, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, indicó que no hay ninguna base jurídica para un proceso de destitución de la presidenta.

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Por su parte, la dignataria de esa nación aseguró desde Finlandia que su Gobierno no está involucrado en ningún acto de corrupción y advirtió que los pedidos de impeachment por parte de la oposición no inviabilizarán su gestión.

“Primero, no voy a comentar las palabras del presidente de la Cámara. Segundo, mi Gobierno no está involucrado en ningún escándalo de corrupción, no es mi Gobierno el que está siendo acusado”, dijo en una conferencia de prensa tras mantener un encuentro con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto.

Asimismo, Rousseff lamentó que un brasileño sea protagonista de denuncias de cuentas bancarias en Suiza.

La nueva petición contra la mandataria se une a las maniobras que viene usando la oposición hace varios meses para buscar una salida de Rousseff del poder, algo que analistas políticos y diversos sectores brasileños consideran un intento de golpe de Estado.

EN CONTEXTO

En 2014 estalló en Brasil el caso de corrupción de Petrobras, el cual se resume en lavado de dinero y sobrefacturación de unos 10 mil millones de reales (tres mil 850 millones de dólares) en proyectos y contratos de la estatal petrolera.

Ante los hechos delictivos, la presidenta Dilma Rousseff solicitó a la Justicia de su país que aplicara los correctivos respectivos, a pesar de que la empresa estaba al mando de dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Luego de que salió a la luz pública ese hecho, la oposición brasileña intenta vincular a la presidenta y a miembros del PT con el caso con el fin de solicitar su destitución.

Esta misma estrategia fue utilizada en las elecciones presidenciales de 2014 por el principal bastión de la oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), liderado por Aécio Neves, y derrotado por Rousseff en los comicios.

En este contexto, el vicelíder del Gobierno en la Cámara de Diputados, Silvio Acosta, aseguró que la jefa de Estado no ha cometido ni cometerá errores durante su gestión, por lo que no es posible un juicio político en su contra.


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