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El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, prometió en su campaña atacar la cultura de la corrupción en las instituciones del Estado y enfrentar la inseguridad que dejó unos seis mil asesinatos en 2015.
Pese a ser su bandera electoral, cientos de guatemaltecos exigen actualmente la renuncia del mandatario por su presunta vinculación con la corrupción.
Morales, pese a las expectativas de cambio que despertó en la población, el país centroamericano continúa en crisis social y económica.
De la esperanza a la desilusión
En enero de 2016, Jimmy Morales tomó posesión del cargo, pero aún mantiene la deuda de atacar los altos niveles de corrupción y atender los principales problemas sociales que afectan al pueblo guatemalteco.
Al presentar ante el Congreso el informe de su primer año de gestión, enumeró entre sus logros haber llegado a la meta de recaudación fiscal anual, mejoras en la atención y abastecimiento de medicamentos en el Ministerio de Salud y el descenso en la tasa de homicidio.
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Sin embargo, según opinión de los expertos, su administración ha carecido de una visión estratégica. Sus desaciertos y falta de experiencia en la política salpica en el orden económico y social del país.
Con respecto a la tasa de homicidios, que a finales 2016 fue de 27 por cada 100.000 habitantes, unos 7 puntos menos con respecto a 2015, no fue un logro necesariamente de su gestión, según expertos, sino el reflejo de años de trabajo en materia de seguridad en el país.
De acuerdo al informe de Desarrollo Humano para Guatemala 2015-2016, el 73 por ciento de los guatemaltecos no gana lo suficiente para cubrir los gastos mínimos y una tercera parte de la población no tiene lo necesario para comprar alimentos. Además, 8 de cada 10 niños presentan desnutrición crónica.
En octubre de 2016, el mandatario reconoció que seis de cada diez guatemaltecos son pobres y afirmó que uno de los "grandes desafíos" es la reducción de las condiciones de pobreza y pobreza extrema en el país.
Analistas y expertos coinciden en que el incumplimiento más notable del mandatario ha sido la lucha contra la corrupción, que ha salpicado incluso a su familia y sigue afectando la esfera política de ese país.
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El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) vincularon en septiembre de 2016 al hermano e hijo del presidente a un caso de corrupción y puso en tela de juicio la campaña contra este delito.
De acuerdo con el instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), el grado de aceptación de la gestión de Jimmy Morales descendió de 82 por ciento a 19 por ciento en un año.
Organizaciones exigen su renuncia
El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) convocó a una movilización este martes 7 de marzo en la que participaron movimientos campesinos e indígenas, pero también organizaciones sociales y populares.
La marcha, denominada como paro nacional, exigió la renuncia del presidente por considerar que no ha cumplido con la población y por estar vinculado a la corrupción al actuar en complicidad de la evasión fiscal al condonar el pago de deudas de 216 empresas.
Los manifestantes también pidieron una investigación a más de 100 diputados que pudieron haber recibido un soborno por parte de la empresa Odebrecht.
Asimismo, rechazaron el incremento del servicio eléctrico y exigieron el fin de la persecución a los dirigentes agrícolas.
