En contexto
En marzo pasado, la CIJ negó el argumento de Colombia de que por haber renunciado al Pacto de Bogotá en 2014, se encuentra fuera de la jurisdicción de ese tribunal. La afirmación de la Corte de la Haya (CIJ) señala que es competente para decidir sobre el diferendo marítimo entre Nicaragua y Colombia.
En 2012, la CIJ dictó sentencia sobre la primera demanda que presentó Nicaragua contra Colombia y reafirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés y Providencia, junto con los cayos de Alburquerque, Sureste, Roncador, Serrana, Bajo Nuevo, Quitasueño y Serranilla.
Asimismo, se declaró admisible la petición de Nicaragua para que la Corte decidiera la delimitación marítima, dividiendo por partes iguales los derechos superpuestos a la plataforma continental de ambas partes; así se estableció una línea de frontera marítima única entre ambos países, de acuerdo con las líneas geodésicas que unen los puntos con coordenadas, indicadas detalladamente y, además, determinó una frontera marítima única alrededor de las islas de Quitasueño y de Serrana.
Con este fallo, Colombia perdió cerca del 43 por ciento de su territorio marítimo en el Mar Caribe.
En noviembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos rechazó el fallo de la CIJ. Según el gobierno colombiano, el tribunal internacional cometió serias equivocaciones al trazar la línea de delimitación.
Las comunidades ubicadas en la costa nicaragüense piden al Gobierno colombiano que avance en la creación de un estatuto autonómico raizal y varias organizaciones sociales han pedido también que se apoye en las personas de la región para diseñar, precisamente, sus intervenciones en el territorio.