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Un juzgado de procesos penales con sede en Toluca, estado de México (centro-sur), ordenó la libertad de cuatro de los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya (suroeste) que dejó 22 muertos, de los cuales 11 fueron ejecutados por efectivos castrenses el 30 de junio de 2014.
Los oficiales habían sido acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber irrumpido en una bodega del pueblo de Tlatlaya donde se encontraban 22 presuntos secuestradores y asesinarlos a quemarropa.
El juzgado determinó la semana pasada que las pruebas aportadas por la PGR eran insuficientes para continuar con el proceso de cuatro de soldados, que aún permanecen detenidos en un prisión militar bajo cargos penales por delitos de la jurisdicción.
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Tras la publicación de esta determinación, la PGR podrá impugnar la resolución en las próximas horas y podría dictarse una nueva orden de aprehensión en contra de los cuatro soldados beneficiados con la resolución judicial para continuar con las indagatorias.
No obstante, el juzgado si encontró culpables a los otros tres militares sobre quienes también pesan las acusaciones por el delito de homicidio y abuso de autoridad, indica Associated Press.
Se espera que en las próximas horas paguen caución y abandonen la prisión militar, dijo el penalista Juan Velázquez. Por su parte, la PGR puede presentar una nueva acusación contra los soldados con nuevas pruebas que demuestren la responsabilidad de los imputados.
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En Contexto
El 10 de octubre de 2014, la PGR dijo que el ejército le notificó de violaciones al protocolo castrense, inmediatamente después de que los militares asesinaron a los presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya.
Luego, el 22 de octubre, el ente judicial dio a conocer los primeros indicios de la investigación en la que solo apuntaban a siete militares. Posteriormente, dijo que la acusación contra los efectivos se haría efectiva por matar a 15 civiles en la localidad, pero no la pesquisa no trascendió.
Este caso generó un gran escándalo en México sobre las prácticas de las fuerzas de seguridad en el combate al crimen organizado, al que se suma la desaparición de 43 estudiantes que fueron atacados el pasado 26 de septiembre de 2014 por policías locales y sicarios del narcotráfico en Guerrero (sur).
