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Militares patrullan en las calles de Tlatlaya.

Militares patrullan en las calles de Tlatlaya. | Foto: AP

Publicado 17 abril 2015

Esta semana se abrió una investigación a 28 funcionarios de la PGJEM por estar involucrados en hechos de tortura y matanza en el caso de la muerte de 22 presuntos delincuentes el pasado 30 junio de 2014.

Desde el pasado jueves, 28 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) son investigados por haber solapado los presuntos actos de tortura y matanza a cargo de soldados de Tlatlaya (suroeste) que provocaron la muerte de 22 supuestos delincuentes el pasado junio de 2014, informó el procurador del Estado Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

En principio el Gobierno del Estado de México estaba a cargo de investigar el crimen perpetrado en junio de 2014, sin embargo dos supervivientes (mujeres) confesaron a AP que detectives estatales y efectivos de la procuraduría las torturaron y amenazaron para que avalaran la versión del Ejército mexicano de que los 22 asesinados murieron en medio de un tiroteo con los militares.

Lea: “Acusan a militares de matar a 15 civiles en Tlatlaya”

Víctimas “compensadas”

A raíz de estos testimonios, el secretario de Gobierno estatal José Manzur, aseguró que las dos testigos son catalogadas de víctimas por lo que se compensarán económicamente por los daños y manifestó que si algún funcionario transgredió los derechos humanos de las víctimas “será castigado de manera ejemplar conforme la ley”. Ahora bien, en la nota advirtieron que Manzur respaldó la versión inicial del Estado ante la matanza.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila un día después de los asesinatos (primero de julio) agradeció públicamente al Ejército por su “valentía y firmeza” en torno al escándalo. 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “una persona incluso le dijo a una de las mujeres que la iban a hacer hablar, porque tenía una forma de hacerlo sin que se notaran los golpes que le iban a infligir". Asimismo la CNDH aseguró que las tres mujeres sostuvieron que fueron asfixiadas con bolsas de plástico, las hicieron firmar hojas sin que estuviera un abogado y amenazaron con violarlas, publicó el sitio web de una cadena estadounidense.

En contexto
La Procuraduría General de la República (PGR) tardó 85 días en iniciar la averiguación respectiva por el homicidio de civiles a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, estado al suroeste de México, a pesar de que tenía indicios que contradecían la versión del Ejército, sobre que los decesos se debían a un enfrentamiento, de acuerdo con la recomendación emitida el pasado martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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