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Las elecciones parlamentarias en Venezuela de este 2015 se celebraron en medio de una guerra económica y mediática para generar miedo en el pueblo venezolano que hace 16 años optó por un camino distinto a la oferta neoliberal que aún propone la derecha venezolana.
¿Cómo legislaba la democracia representativa en Venezuela?
De 1961 a 1999 los partidos políticos se alternaron el poder en el país suramericano. Su paso por el gobierno dejó un saldo de más del 50 por ciento de pobreza y uno de los índices de desigualdad más altos de toda la región (0.486 de coeficiente de Gini).
Entre 1989 y 1997, en Venezuela se aplicaron leyes y políticas públicas que profundizaron el drama social, entre ellas la entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras, la privatización de empresas estatales, la eliminación de las conquistas laborales de entonces, se cohibió a los ciudadanos del ejercicio de libertad de expresión, y la seguridad social era prácticamente nula.
Caracazo
El estallido social denominado “El Caracazo” del 27 de febrero de 1989, que de acuerdo a cifras extraoficiales dejó más de dos mil muertos por la represión estatal, fue el punto de inflexión para el cambio político en Venezuela.
En ese momento, la población venezolana salió a las calles a protestar contra las medidas económicas neoliberales aprobadas por el antiguo Congreso de la República, dominado por el bipartidismo de las toldas Acción Democrática (AD) y COPEI. El Congreso aprobó la solicitud del Ejecutivo de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y someterse a su programa de ajustes con el fin de obtener un financiamiento de más de cuatro mil millones de dólares en 3 años.
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“El Caracazo fue la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana”, dijo el Comandante Hugo Chávez en febrero de 2010.
Apertura Petrolera
La Apertura Petrolera se conoce como el proceso de privatización de las actividades de exploración, explotación, distribución y comercialización de hidrocarburos venezolanos iniciado a principios de los años 90 por Carlos Andrés Pérez.
El Gobierno en sintonía con el Congreso de Venezuela entregó a través de convenios los recursos naturales, incluído el petróleo ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.
.-La participación del Estado, a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales, era del 1 por ciento (regalías). En consecuencia, entre el 65 y el 99 por ciento de las acciones restantes, según el caso, pertenecerían a las compañías privadas reunidas en consorcios.
.-Además, en la legislación de ese momento no se preveía el pago de impuestos municipales, como obligaba la Constitución. PDVSA, empresa estatal de petróleo, debía proteger a los inversionistas extranjeros de producirse cambios en la política fiscal que los desfavorecieran.
Esto violaba varios artículos de la propia Constitución de 1961, vigente para ese momento y que dio paso a más de 45 años de democracia representativa e inclinada a servir a los intereses de Estados Unidos.
a) Artículo 136, ordinal 10º: “Es de la competencia del Poder nacional el régimen y administración de las minas e hidrocarburos”.
b) Artículo 103, “Las tierras adquiridas con destino a la exploración y explotación de concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la nación sin indemnización alguna al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva”(…).
La Ley de Privatización, sancionada en 1992 por el Congreso de Venezuela, ofreció un marco legal para la avanzada de privatizaciones que incluyó bancos, la Compañía Anónina Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), las compañías aéreas Viasa y Aeropostal, así como las eléctricas Enelven y Enelbal.
Los puntos fundamentales se concentraban en la exclusión o no de las privatizaciones a las llamadas empresas básicas y estratégicas; y el pago de la deuda externa con los recursos obtenidos de la privatización, entendiéndose como desembolsos al FMI y otros acreedores privados.
Ley del Trabajo
En 1997 se firmó un Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y Política Salarial (ATSSI), el Gobierno de Rafael Caldera, los patronos agrupados en la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y los “sindicatos”, que se convirtió en ley a través de la Reforma de la Ley del Trabajo , sancionada en 1990.
Esta establecía entre otras cosas que:
.- Un trabajador con 30 años de trabajo y otro con 15 cobrarían la misma antigüedad.
Además, se eliminaba el pago doble de la antigüedad en caso de despido injustificado. Un despido justificado y otro abusivo serían indemnizados del mismo modo.
.- No se reconocía el derecho a trabajar a las personas con discapacidad.
La Ley del trabajo de 1997 implicó el despido inmediato de 50 mil trabajadores.
En 2012, bajo la nueva Constitución de 1999, se aplicó una nueva Ley del Trabajo, que entre otras cosas terminó con la tercerización de los trabajadores venezolanos.
Libertad de expresión
A pesar del control de los medios por unas cuantas familias y el bombardeo de los conglomerados que transmitían desde el exterior, la derecha no legisló con una visión de la información como servicio público.
“Les debo decir que la libertad de expresión siempre ha estado amenazada en este país (…) Esa amenaza, no sé si se ha planteado aquí en la Cámara, viene también y es permanente, no es amenaza, es que es así, de los dueños de los periódicos, de los dueños de las televisoras y emisoras de este país”, sostuvo el entonces diputado Cruz Ramón Galíndez.
Desde la década de los ochenta los medios de comunicación social en Venezuela se consolidaron como una industria política que conformó un nuevo sector de la economía.
Seguridad Social
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral de 1997 dejó por fuera a 6 de los 8 millones de trabajadores venezolanos de entonces, mientras un millón pasó de la clase media a clase baja.
“¿Cuál es la situación actual de la seguridad social en Venezuela? ¡Caótica! Prácticamente nos ha obligado a señalar ante la opinión pública que la seguridad social no existe en el país. Su fundamento doctrinario, como es la solidaridad, no está presente”, dijo en un debate congresual en entonces el diputado Arístides Hospedales.
De acuerdo al politólogo venezolano Freddy Mejía, el modelo de salud de los 90 no valoró la Atención Primaria de Salud (APS), sino que, cerca del 80 por ciento de los gastos del sector correspondían a los hospitales y solo el 20 por ciento se dedicaban a ambulatorios y servicios de salud pública.
Asimismo, el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la salud era de apenas 1,3 por ciento en el período 1990 – 1998.
En contraste con la política discriminatoria de la derecha venezolana, la Constitución de 1999 consagró una serie de artículos que defienden los derechos fundamentales de la ciudadanía, entre los que podemos citar:
*Derecho a la protección integral de la familia como prioridad absoluta (art. 78);
*Derecho a la salud como obligación del Estado (art. 83 al 86);
*Protección de las personas en situación de discapacidad (art. 81);
*Derecho a una remuneración adecuada y a la seguridad social (art. 80, 86 y 87);
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