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La coordinadora cree que las acciones de los empresarios "sólo acentúa el odio y la fobia contra los maestros", por lo que instan a la cúpula empresarial a "no provocar actos de represión".

La coordinadora cree que las acciones de los empresarios "sólo acentúa el odio y la fobia contra los maestros", por lo que instan a la cúpula empresarial a "no provocar actos de represión". | Foto: Reuters

Publicado 4 agosto 2016

El gremio docente advirtió que a los empresarios no les conviene aumentar las tensiones entre la CNTE y el Gobierno, así como los actos represivos.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México calificó de chantaje el reciente anuncio del sector empresarial de no invertir los 50 mil millones de pesos (más de dos mil 500 millones de dólares) que tenía pensado destinar en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, regiones en las que se crearon las zonas económicas especiales debido a las marchas y bloqueos del gremio docente. 

Las supuestas afectaciones causadas por la CNTE motivaron a los industriales a anunciar que pararán la inversión industrial en esas zonas, lo que "detendrá la creación de 40 mil empleos en esta región en los próximos meses”, detalló el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, quien además aclaró que esto representa un dos por ciento de la inversión en todo el país.

Al respecto, los profesionales de la educación sostienen que esta acción "sólo acentúa el odio y la fobia contra los maestros", por lo que instan a la cúpula empresarial a ser más sensibles y prudentes y a "no provocar actos de represión".

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Francisco Bravo, integrante de la dirección política de la CNTE, agregó que habría una mayor contribución a la tensa situación que se presenta entre el Gobierno Federal y el magisterio, si el sector en lugar de amenazar, buscarán junto con los educadores una salida efectiva al conflicto.

‘‘No podemos olvidar que se trata de uno de los sectores económicos que por décadas ha sido el más beneficiado por la políticas neoliberales. Basta recordar la privatización de empresas paraestatales y de la banca para descubrir que estos mismos empresarios que hoy nos denuncian han sido los que más se han enriquecido con el trabajo de los mexicanos’’, agregó.

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Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9, por su parte, advirtió que al país no le conviene que los empresarios busquen presionar mediáticamente o generar las condiciones para la represión al movimiento sindical.

Así, respecto al amparo interpuesto por las cámaras empresariales por las "omisiones" del Estado en cuanto al conflicto generado por la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, expresó: "Hemos actuado responsablemente porque estamos sentados en un diálogo buscando todas las rutas para solucionar este proceso de abrogación de la reforma educativa".

Además señaló que así como los empresarios están en ‘‘todo su derecho de interponer amparos y exigirle al gobierno que solucione el conflicto, (...) también es un derecho aumentar los salarios de sus trabajadores".
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En contexto
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) interpuso una demanda de amparo frente a las ‘‘omisiones’’ del Estado mexicano al no haber garantizado los derechos individuales durante las marchas y bloqueos de los maestros. 
El amparo introducido ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación se debe a los "actos y las omisiones de la autoridad federal, de las entidades federativas y municipales, que han violado los derechos fundamentales de los mexicanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de cara a las acciones violentas que en más de 11 semanas ha protagonizado la CNTE".
Pese al evidente acto de provocación, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, sostiene que el sector privado no busca la ‘‘represión de movimientos sociales cuando son legítimos y respetuosos del contexto social y económico", pero que demandan al Estado que actúe para restablecer la paz y se respeten las garantías constitucionales de libertad económica, de tránsito, de trabajo y de salud.

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