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CNTE y la Ceteg no se amedrentarán ante amenazas del secretario de Educación Pública y organizan megamarcha contra Reforma Educativo en Ciudad de México.

CNTE y la Ceteg no se amedrentarán ante amenazas del secretario de Educación Pública y organizan megamarcha contra Reforma Educativo en Ciudad de México. | Foto: Reuters

Publicado 3 agosto 2016

Empresarios exigen a los partidos con representación en el Congreso que asuman el ‘‘costo político’’ de las protestas.

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), México, organizan una megamarcha para el viernes 5 de agosto en Ciudad de México a las 16H00 hora local (21H00 GMT), pese a la advertencia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, de descontar el salario o de incluso despedir a aquellos profesionales que se ausenten de sus aulas por cuatro días consecutivos.

>> Maestros mexicanos de la CNTE llegan a la Gobernación

Melesio Reyes Reyes, vocero de la Ceteg, indicó que en su lucha contra la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto nada los amedrentará; por lo que desde tempranas horas de este viernes se impulsará, además, una marcha sectorial en el municipio de Huitzuco, en la que participarán maestros de los municipios de Atenango del Río, Copalillo, y Tepecuacuilco.

El cetegista reconoció que en la región norte hay pocas escuelas en paro, sin embargo, resaltó que el magisterio en esa región está sumamente inconforme por la implementación de la reforma educativa y que participa en todas las acciones a las que son convocados.

También precisó que se ha realizado un intenso brigadero en todas las escuelas de los municipios a fin de que se integren al paro nacional y a todas las acciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

>> México: CNTE vuelve a la mesa de diálogo sin abandonar lucha

Empresarios exigen respuesta a partidos políticos

Empresarios de los sectores comercio, servicios y turismo este martes exigieron a los partidos que tienen representación en el Congreso que asuman el ‘‘costo político’’ que conlleva el poner fin a las movilizaciones magisteriales en las entidades federativas más afectadas por las protestas; pero que esta solución no sea mediante el uso de la fuerza pública.

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) subrayó que el diálogo entre la Secretaría de Gobernación (segob) y la CNTE ‘‘no ha servido de nada’’, por lo que planteó que los partidos políticos dialoguen para analizar ‘‘todas las posibilidades de actuación’’ por parte del Estado y así definir una estrategia que permita solventar el conflicto magisterial.

Con relación a esto, explicó que la idea es que no sea solo el partido en el poder quien absorba el costo político que ello implique.

Asimismo, anunció que solicitará al Gobierno federal la exención en el pago de varios impuestos empresariales en nombre de la ‘‘inacción’’ de los gobiernos para retirar los bloqueos y las manifestaciones de CNTE en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México, entidades en las que según su perspectiva pequeñas y medianas empresas han sido afectadas.

>> El SME, la CNTE y la lucha de clases

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por su parte, ha interpuesto una demanda de amparo frente a las ‘‘omisiones’’ del Estado mexicano al no haber garantizado los derechos individuales durante las marchas y bloqueos de los maestros. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, aclaró que el sector privado no busca la ‘‘represión de movimientos sociales", pero que demandan al Estado que actúe para restablecer la paz y se respeten las garantías constitucionales de libertad económica, de tránsito, de trabajo y de salud.

Empresarios exigen una solución al conflicto magisterial que no implique el uso de la fuerza pública.

>> Prometen liberar a líderes magisteriales en México

En contexto
Las protestas contra la reforma educativa de 2013 llevan tres años , pero en los últimos meses se ha intensificado, sobre todo el sureste del país. Bajo la premisa de elevar la calidad educativa del país, la reforma plantea la evaluación obligatoria para que los maestros puedan ingresar y mantenerse dentro del sistema educativo, así como para poder acceder a mejores sueldos y cargos. Docentes sostienen que se trata de una reforma laboral disfrazada.

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