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Imagen de las protestas del pasado fin de semana.

Imagen de las protestas del pasado fin de semana. | Foto: Reuters

Publicado 10 agosto 2016



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De acuerdo a varias denuncias, el gobierno de ese país autorizó a sus fuerzas de seguridad a disparar contra los manifestantes, además, de mandar a la cárcel a los que manifestaran su descontento en las calles. 

Al menos 100 personas han muerto y decenas han resultado heridas, tras las protestas que iniciaron el pasado fin de semana en Etiopía contra el Gobierno. 

El Gobierno autorizó que sus fuerzas de seguridad dispararan contra la población en la región de Oromia, cerca de la capital Adís Abeba, y en la región de Amhara, en el norte del país africano.

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Cerca de un millar de manifestantes han salido a las calles en los últimos cinco días en demanda de una reforma política, además, de una justicia independiente. 

Según cifras de organizaciones de derechos humanos en la ciudad de Bahir Dar, al norte del país, han muerto al menos 30 personas en tan solo 24 horas.

"Las fuerzas de seguridad etíopes emplearon de forma sistemática una violencia excesiva", dijo una entrevistada, que, además, exigió que los implicados en este "crimen" sean castigados y libertad plena para los detenidos en las protestas. 

Las protestas contra el gobierno etíope en Oromia se llevan a cabo desde hace varios meses. Una de las razones, según analistas, es por la proyectada ampliación del perímetro municipal de Adís Abeba, el cual podría perjudicar a la población rural en esa región.

El país africano cuenta con 100 millones de habitantes, ubicado en el Cuerno de África, es considerado como una de las naciones más pobres del mundo.

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En contexto

Los oromo llevan meses protestando por lo que consideran una persecución injustificada por parte de las autoridades etíopes y hasta el momento ha habido más de 400 muertos desde el inicio de las manifestaciones. 

Las protestas se originaron a principios de diciembre tras la aprobación de un plan urbanístico para expandir Adís Abeba, lo que podía poner en peligro las tierras de cultivo de los oromo, un pueblo tradicionalmente agrícola y seminómada, aunque finalmente el Gobierno decidió retirarlo.


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