Con la protesta de esta jornada, la CTERA afirma que se da continuidad a su plan de lucha.

Gremios educativos como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocaron este miércoles a continuar la concentración frente al Congreso de la Nación, en una jornada en la que el Congreso Nacional realiza el segundo debate sobre el proyecto de leyes del Gobierno de Javier Milei, que busca declarar la educación obligatoria como servicio estratégico y no un derecho universal.

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Por medio de un comunicado, la CTERA sostiene que la “educación pública ha sufrido un constante y profundo desfinanciamiento producto de las políticas económicas y educativas, llevadas adelante por el Gobierno de Javier Milei”.

Con la protesta de esta jornada, el ente afirma que se da “continuidad al plan de lucha de CTERA. Marchamos al Congreso de la Nación en el marco de la lucha que venimos llevando adelante del financiamiento educativo, del respeto al derecho a la protesta”.

Los trabajadores de la educación de toda la nación reclaman de manera urgente además el aumento del piso salarial nacional, el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), así como la resolución de los conflictos provinciales, contra el ajuste nacional en Educación: por condiciones dignas para enseñar y aprender y contra la prohibición del derecho a huelga.

También reclaman por la pérdida del poder adquisitivo de los docentes jubilados, la falta de envío de fondos nacionales a los comedores escolares, copa de leche, becas, infraestructura escolar, formación de docentes.

“No dejaremos que conviertan a la educación pública en un servicio, la educación pública es un derecho  social que debe  garantizar el Estado, no vamos a permitir que comercialicen y/o privaticen la educación pública” acotó CTERA en el comunicado.

Asimismo, asegura que no permitirán que “las niñas, niños y jóvenes no tengan una educación de calidad”.  

Las discusiones sostenidas en esta jornada en el Congreso en torno al proyecto legislativo, buscan declara la educación como un servicio estratégico esencial, en caso de aprobarse dejara de ser un derecho social, delimitaría el derecho constitucional a huelga.

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