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La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) formalizó un procedimiento administrativo que regula la presentación de iniciativas privadas para acceder a su infraestructura, documentación técnica y visitas operativas. La medida habilita a empresas nacionales e internacionales a evaluar la gestión o inversión en reactores y recursos estratégicos de Argentina, en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral con Estados Unidos sobre cadenas de suministro de minerales críticos.

La normativa se aplica a instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional y responde a lineamientos de apertura a capitales privados en sectores de alta tecnología.

El documento administrativo permite a los interesados solicitar información operativa, acceder a relevamientos técnicos y programar visitas a los predios bajo jurisdicción de la Comisión Nacional de Energía Atómica argentina.

La normativa elimina trámites previos de confidencialidad restringida y habilita la evaluación directa de instalaciones por parte de consorcios extranjeros. Esta línea de gestión se enmarca en el memorando de cooperación para la gobernanza y seguridad de cadenas de suministro, suscrito por Argentina y Estados Unidos, que forma parte de la alianza para la seguridad de los minerales críticos, orientada a garantizar el abastecimiento global de insumos para la transición energética y la industria tecnológica.

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Reactores estratégicos de Argentina en evaluación: RA-10 y CAREM

Entre los activos sujetos a evaluación está el reactor RA-10 (Reactor Nuclear Argentino Multipropósito), cuya construcción comenzó en 2016 en el Centro Atómico Ezeiza. El proyecto se encuentra en etapa avanzada de montaje y su operación está destinada principalmente a producir radioisótopos para medicina nuclear. Una vez en funcionamiento, el RA-10 podría generar ingresos estimados en 90 millones de dólares anuales.

Paralelamente, la CNEA mantiene la custodia del proyecto Carem (Central Argentina de Elementos Modulares), primer reactor de potencia diseñado integralmente en el país.

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Su avance fue suspendido al alcanzar un 70% de ejecución, y su eventual transferencia tecnológica se ha valorado en hasta 4.000 millones de dólares, según proyecciones del sector. Ambos reactores reflejan capacidades tecnológicas desarrolladas durante décadas por el sistema científico argentino.

Uranio argentino y minerales críticos en agenda bilateral de EE.UU. y Argentina

El marco regulatorio también incluye el acceso a información sobre reservas de uranio, mineral estratégico localizado en las provincias de Chubut, Mendoza y Salta. Argentina cuenta con aproximadamente 40.000 toneladas de reservas, mientras que el consumo anual de sus centrales de potencia (Atucha I, Atucha II y Embalse) es de 220 toneladas, cubiertos actualmente mediante importaciones desde Kazajistán. La explotación minera de uranio fue interrumpida en 1997.

En septiembre pasado, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que «Argentina es rica en uranio» y confirmó el compromiso de facilitar el ingreso de empresas privadas de su país.

Este interés se vincula con la entrada en vigencia de la Ley de Prohibición de Importaciones de Uranio Ruso en agosto de 2024, que impulsa la búsqueda de proveedores alternativos en el hemisferio occidental. Según datos citados por especialistas, en 2023 Estados Unidos importó un 99% del uranio necesario para sus centrales nucleares.

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Análisis de especialistas sobre implicancias operativas para Argentina

Expertos han analizado las implicaciones de la medida. El ingeniero electricista Nicolás Malinovsky, especialista en energía nuclear, señaló que «Estados Unidos tiene bien en claro sus objetivos con Argentina y el rol que quieren que cumplamos en su proceso de reindustrialización, que es parte de la disputa hegemónica en curso con China».

Agregó que la política busca «desarticular y desmantelar las capacidades que hemos logrado en ese desarrollo y, por otro, quiere que Argentina compre la tecnología desarrollada en su país».

El físico Diego Hurtado, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), indicó que «como las autoridades de CNEA tienen la garantía de que no recibirán inversión pública, salen a buscar actores privados», y precisó que son «negocios que, en realidad, se concretan a partir de la entrega de activos públicos».

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A nivel institucional, la Comisión Nacional de Energía Atómica atraviesa un proceso de reestructuración que incluye la designación de personal en cargos directivos sin trayectoria previa en el sector. Un informe interno difundido por trabajadores detalla que estas incorporaciones se realizan bajo condiciones contractuales diferenciadas, en un contexto de ajustes salariales y restricciones presupuestarias. En los últimos 30 meses, Nucleoeléctrica Argentina registró cinco cambios en su presidencia.

El trabajador de la CNEA Ignacio Cortés observó que «se habla de información confidencial que la CNEA puede otorgar a privados y en cierta manera, genera un marco normativo que puede dar lugar a contratos con privados». Añadió que «si uno lee el procedimiento con detalle, las gerencias que quedan a cargo de las decisiones sobre los acuerdos apoyarán este programa de privatización».

Inspecciones estadounidenses y cuestionamientos por soberanía

La diputada nacional y expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis, presentó un pedido de informes ante Cancillería y el Ministerio de Economía para solicitar detalles sobre la inspección realizada por siete funcionarios estadounidenses en las sedes de Constituyentes, Ezeiza y Bariloche. La comitiva, integrada por miembros del Departamento de Estado, el Departamento de Energía y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC), recorrió instalaciones estratégicas del sector nuclear argentino.

La legisladora cuestionó la instalación de sistemas de vigilancia digital controlados por agentes extranjeros y solicitó conocer los convenios que amparan la auditoría, así como la existencia de mecanismos de reciprocidad para técnicos argentinos.

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Serquis enfatizó que «nuestro país no es un actor cualquiera. Argentina ha alcanzado un desarrollo nuclear relevante que le proporciona soberanía energética a mediano y largo plazo, pero también la obliga a ser extremadamente cauta en sus decisiones internacionales».

La Administración nacional ha mantenido un perfil discreto sobre el alcance operativo de los acuerdos de cooperación. No obstante, la documentación publicada confirma que la participación de capitales privados en reactores, tecnología de producción de isótopos y explotación de uranio queda sujeta a los lineamientos del nuevo marco regulatorio.

El sector científico y tecnológico nacional manifiesta preocupación ante la posible entrega de información sensible y la militarización de activos críticos mediante el incremento de fuerzas federales en las instalaciones.

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