El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de Argentina volvió a convocar a una marcha universitaria para el próximo martes 12 de mayo con el fin de reclamar al Gobierno de Javier Milei, que cumpla la ley de financiamiento universitario que ya fue aprobada por el Congreso Nacional.

La Cuarta Marcha Federal Universitaria sumará a estudiantes, docentes, rectores y sindicatos en todo el país, mientras escala el enfrentamiento entre el Ejecutivo y las universidades públicas por presupuesto, salarios y financiamiento.

La protesta tendrá réplica en todas las provincias del país en las que se movilizarán más de 60 universidades, para exigir modificaciones sobre el congelamiento presupuestario, la pérdida salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por su parte, la secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Clara Chevallier, compartió que «el Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional. Los sindicatos siempre tenemos en claro que la principal arena de lucha no es la judicial, sino la acción gremial. Por eso, para este martes esperamos una marcha masiva que, además de defender a la universidad, sirva para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada. Tristezas que encuentran una razón en el gobierno de Javier Milei». Y acotó que «esperamos que el 12 de mayo sea el comienzo del fin de este gobierno“.

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Por su parte, la secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata, Abril Miranda, señaló: “reconocemos que hay una transferencia directa del ajuste hacia las universidades nacionales, que tienen enormes dificultades para garantizar el funcionamiento básico. Los estudiantes vivimos en una situación de pluriempleo y, al igual que los docentes, tenemos que sostener dos o más trabajos para poder subsistir. Cada vez más alumnos abandonan las aulas, por no poder costear gastos de transporte, materiales de estudio y demás».

La semana pasada, la Universidad de Buenos Aires (UBA) había advertido por posibles cierres de hospitales universitarios ante la falta de fondos. «En lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales», subrayó.

A esto se le sumó la declaración del director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, subrayó la «situación económica grave» que atraviesan las instituciones «debido a que en estos últimos cuatro meses no hemos recibido ni siquiera un peso del presupuesto de funcionamiento hospitalario. ¿Qué significa esto? Que el hospital no puede comprar insumos, medicamentos ni pagar honorarios«, dijo.

Por su parte, la plataforma El Destape web refirió que “desde que asumió en diciembre de 2023, Javier Milei incluyó a los salarios de trabajadores universitarios y el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior en su conglomerado de víctimas del ajuste más brutal que sufrieron los argentinos -y que sufren- en los últimos años”.

Además de señalar los salarios indignos, el profesor de la Universidad Nacional de Luján y miembro de la mesa ejecutiva de Conadu Histórica, Patricio Grande refirió que “para recuperar los salarios que teníamos en el mes de diciembre de 2023, hoy tendríamos que recibir, tal como indica esta ley, más de un 50 por ciento de aumento”.

Esto se suma a una realidad en crisis que alerta Tiempo argentino: «Miles y miles de personas angustiadas, cansadas, resignadas, que cada vez viajan menos en transporte porque cada vez es más tortuoso y caro; que ahora hacen cuentas para ver cómo afrontarán el invierno con los aumentos del gas; alquileres de dos ambientes que ya se acercan a los 800.000 pesos; los que tienen auto ven que llenar el tanque cuesta más de 120.000».

Otros datos ofrecidos por medios locales refieren las universidades, en estos 30 meses de gobierno de La Libertad Avanza, tuvieron un ajuste superior al 45 por ciento y los salarios de la educación superior acumularon un retroceso del 33,7 por ciento.

Entre tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales argentinas, aseveró que el 70 por ciento de los salarios de profesores y personal no docente universitario está por debajo de la línea de la pobreza y que los fondos asignados por el Estado no son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura universitaria.

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