El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, confirmó este jueves que se publicarán los pliegos de la licitación para vender el 90 por ciento de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Luego de 10 meses de haber iniciado el proceso de privatización, el Gobierno del ultraderechista Javier Milei continúa su política de desguace, ahora con la venta de la compañía que se dedica a la provisión de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida será publicada formalmente el viernes en el Boletín Oficial.

Caputo refirió que “la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”.

El 10 por ciento restante de la firma continuará en manos de sus empleados a través del Programa de Propiedad Participada, de acuerdo a las declaraciones del Ejecutivo. Asimismo el plan es vender al menos el 51 por ciento de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto opere en la Bolsa de Comercio.

El nuevo contrato de concesión fue aprobado a fines de abril y fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más.

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Sin embargo, los antecedentes del proceso privatizador que caracterizó la década de los 90′ en Argentina revelan un panorama diferente a las promesas de mejora que vaticina Caputo.

Durante la anterior privatización de la misma empresa, la compañía paralizó la extensión de la cobertura, delegando en los usuarios el pago de las obras necesarias para garantizar el servicio esencial de agua y cloacas. Este comportamiento incumplió el compromiso contractual de brindar dicho servicio.

La reestatización de AySA en 2006, por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, revirtió esta situación. Bajo gestión pública, se logró un avance significativo en la expansión de la infraestructura y la cobertura, llegando actualmente a más de 14 millones de personas en el área metropolitana. Este hecho contrasta con las promesas de mejora bajo operadores privados.

RIGI y nuevos proyectos extractivistas

Por otro lado, el ministro Caputo informó, que “el Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos mineros”, que suman una inversión superior a los US$2.000 millones.

Estas son el proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de US$891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de US$1.241 millones.

Para la Asamblea por el No a la Mina de Esquel, el escenario minero de Mendoza (donde está San Jorge) registra un cambio de tendencia motorizado por el flamante perfil pro minero del Gobierno local y ello le viene abriendo puertas a una industria que está necesitando negocios prósperos en varios rincones del mundo.

En este sentido, señalan que “la demanda global de recursos energéticos y la reciente alineación diplomática entre Buenos Aires y Washington, plasmada en la firma de un acuerdo marco entre Argentina y Estados Unidos para asegurar el suministro de minerales críticos, ha otorgado un nuevo estatus a los yacimientos locales. Bajo este esquema, la Casa Blanca busca facilitar el financiamiento a proyectos, utilizando herramientas como el EXIM Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional para apuntalar inversiones en regiones con potencial geológico probado”.

En este contexto, la compañía Jaguar Uranium Corp. formalizó el inicio de su plan de exploración en el proyecto Huemul, un área de 27.700 hectáreas situada en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza.

La coordinadora general de La Vía Campesina, Morgan Ody, denunció que la privatización de las tierras, del agua y de los territorios forma parte de la fase de expansión del capitalismo. “El capitalismo necesita siempre más acumulación y tiene que entrar en nuevos rubros”, dijo.

“La base de una democratización real no es solamente ir a elegir un gobierno cada cinco años. Es que la población tenga el derecho a decidir cómo se usan los recursos, los minerales y el agua en su territorio”, agregó.

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