Organizaciones argentinas denunciaron la represión ordenada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, durante el violento operativo policial que bautizó «Tormenta Negra» en barrios de la Capital Federal.

El despliegue se dio de manera simultánea en 16 villas y barrios populares, y contó con alrededor de 1.500 agentes, helicópteros, drones y fuerzas especiales. Al respecto, referentes de derechos humanos denunciaron este accionar como “racismo y xenofobia con fines electorales”.

Entrevistado por la plataforma Tiempo argentino, Matías Busso, de la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI), declaró que “lo que vemos con Jorge Macri, y este operativo Tormenta Negra es una constante de esta gestión, es que su gobierno se caracteriza por utilizar a las fuerzas de seguridad para violar todo tipo de derechos humanos”.

El referente social y abogado defensor en materia de DD.HH., manifestó que el Gobierno porteño hace estos operativos específicamente en los barrios populares.

“Los estigmatiza como si fueran el único lugar donde se cometen delitos, además de ser una violación flagrante de los derechos humanos. Pero creemos, por sobre todo, que es una medida que no responde a políticas de seguridad, sino a cuestiones más publicitarias o a demostrar que se hace algo con el costo que lleva para los derechos de las personas”, puntualizó.

El procedimiento se realizó en la noche del jueves 14 de mayo y abarcó los siguientes barrios populares: villas 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre.

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Desde el Gobierno de la Ciudad indicaron que el megaoperativo dejó 27 detenidos, secuestro de droga, clausura de 4 búnkers narco y el cierre de 25 comercios ilegales.

La coordinadora del equipo de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou, señaló que “estos operativos no tienen ningún tipo de efectividad”, y que “desplegar a más de 1.500 efectivos para detener a un puñado de personas vinculadas al comercio de drogas, sin una estrategia criminal de fondo no tiene ningún sentido ni efecto.”

A su vez, agregó que “este tipo de intervenciones policiales identifican como enemigo a las personas que viven en las villas. La discrecionalidad policial, las requisas ilegales y el hostigamiento se aplican en estos barrios bajo una presunción de sospecha permanente”.

Sobre la postura de Jorge Macri, Tiempo argentino subrayó que “basará su campaña electoral de cara a 2027 en crear la imagen de un tipo duro que lucha contra la delincuencia, los robos en general y el narcotráfico en particular. Pero esa decisión incluye un sesgo discriminatorio, culpando, reprimiendo y apresando a quienes viven en las villas porteñas”.

Por su parte, la abogada María del Carmen Verdú refirió que “tenemos más de 1.000 casos de muertes a manos del aparato represivo estatal desde que asumió Javier Milei como presidente”. En línea con esto, un estudio revela que, a lo largo del 2024, las operaciones desplegadas por la policía dejaron un saldo de más de 1.140 personas heridas, lo que equivale a aproximadamente tres heridos diarios.

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