Al menos 57 detenidos reportó la Defensoría del Pueblo en el operativo combinado de más de 3.500 policías y militares desplegado este sábado para dispersar manifestaciones y bloqueos contra el Gobierno de Rodrigo Paz en La Paz, la vecina ciudad de El Alto y la carretera La Paz-Oruro.

Los efectivos han intentado dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes que desde hace más de dos semanas bloquean las carreteras de acceso a La Paz. Mientras policías y militares avanzaban en el desbloqueo en las carreteras del altiplano, centenares de personas retomaron los cortes de rutas en las salidas hacia esas vías desde las zonas de Senkata y Río Seco, en El Alto.

Paralelamente, el ejecutivo nacional de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, aseguró que las movilizaciones continuarán a pesar de las «acciones judiciales» y la «represión» contra los sectores movilizados.

En un video divulgado en redes sociales, Argollo denunció que el Gobierno busca «silenciar» a la dirección mediante demandas penales y expresó su solidaridad con los detenidos durante las protestas en El Alto y La Paz, señalando que fueron arrestados por defender sus derechos y rechazar las medidas impulsadas por el Gobierno.

«No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido. Valoramos el espíritu combativo con el cual hoy han resistido a las fuerzas represivas del orden», afirmó Argollo.

El dirigente gremial ha exhortado a la población de El Alto y La Paz a sumarse a las protestas y advirtió que las medidas impulsadas por el Gobierno central terminarán perjudicando la economía de las familias bolivianas.

El ejecutivo de la COB afirmó que la movilización no es solo para un sector. «Llamamos y exhortamos a la población, por lo que estamos luchando. No es para un sector, es para un sector grande de la sociedad que en su momento va a ser perjudicado con las medidas que hoy el Gobierno central está queriendo imponer», dijo.

La COB ha denunciado que el Gobierno de Rodrigo Paz pretende imponer la privatización en Bolivia y que ello podría generar incrementos en los precios de la electricidad, el agua potable, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV).

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Argollo ha enfatizado que el paquete de 10 leyes impulsado para reactivar la economía y reformar el Estado perjudica a las grandes mayorías y favorece a empresas transnacionales.

Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con el liderazgo de la COB y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas y la renuncia del presidente Paz.

Con casi todas las rutas de acceso cerradas en la última semana, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los precios de varios alimentos se dispararon. La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reportaba este sábado al menos 22 puntos de bloqueo en las vías del país, la mayoría en el departamento de La Paz.

Una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se acerca a la capital, adonde prevé llegar el lunes para demandar la renuncia del mandatario.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica pidieron el viernes que se abran «corredores humanitarios» para «garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible» e instaron a las autoridades a generar «espacios de diálogo efectivo» con los movilizados.

Bolivia y la criminalización de la protesta social

En medio de la situación, el Ejecutivo de Paz afirma que hay un «plan macabro» de Morales para «romper el orden constitucional», y que está «financiado» por el narcotráfico, lo que el exmandatario rechazó.

Morales sostuvo que el Gobierno está obligado «a demostrar las mentiras» y cuestionó que el Ejecutivo le acuse de pagar las movilizaciones, porque eso implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser «narcotraficantes».

El expresidente afirmó en sus redes sociales que EE.UU. «ordenó al Gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme».

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Los Gobiernos de derecha de la región han declarado su apoyo al Ejecutivo de Rodrigo Paz y calificado las protestas de sectores sociales como un intento de «desestabilizar el orden democrático».

En un comunicado conjunto, los Gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú hablaron de «intentos de ruptura institucional», mientras que el mandatario boliviano declaró que «serán encarcelados» quienes intenten «destrozar la democracia», en una amenaza contra los sectores obreros, campesinos y sociales que protagonizan las movilizaciones.

Es la misma estrategia de criminalizar la violencia que aplica el Gobierno de Paz al afirmar que quienes protestan están patrocinados por el narcotráfico y buscan la desestabilización.

Los trabajadores públicos, mineros y sectores populares afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) cumplen 13 días en protestas y bloqueos de carreteras con un pliego de más de 100 demandas sindicales, rechazo a la privatización y a lo que denuncian como «abandono estatal». A la par, exigen la renuncia de Paz, a quien acusan de profundizar la crisis y permitir graves hechos de corrupción.

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