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  • En 1987 el pueblo chocoano inició una protesta para reclamar ante el abandono estatal y el atraso sistemático.
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    En 1987 el pueblo chocoano inició una protesta para reclamar ante el abandono estatal y el atraso sistemático.

El Chocó, Buenaventura y Bogotá (capital) han sido escenario de manifestaciones, en las que ciudadanos exigen las mejoras prometidas por el Gobierno en salud, educación, vivienda y condiciones laborales. 

Colombia atraviesa una tormenta de protestas contra el incumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno de ese país en materia de salud, educación e infraestructura. 

La región del Pacífico comprende cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las manifestaciones tienen lugar en Quibdó, departamento del Chocó, y Buenaventura, departamento Valle del Cauca. Mientras que en Tumaco, departamento de Nariño, la guerra por el control de los cultivos de la hoja de coca degenera en heridos y muerte. 

Chocó

Los habitantes del departamento de Chocó realizan un paro cívico para exigir el cumplimiento de los 10 puntos del acuerdo de 2016, donde los delegados del Gobierno de Juan Manuel Santos y el Comité Cívico acordaron la inversión de 720.000 millones de pesos (al menos 247.507 de dólares) para financiar las carreteras Medellín- Quibdó y Quibdó Pereira. 

El Estado prometió invertir millonarios recursos en la construcción de un hospital de tercer nivel y crear el Nuevo Hospital San Francisco de Asís, en crisis para aquel momento. 

El Gobierno también aseguró que ejecutaría proyectos para interconectar a cinco de los 11 municipios que no contaban con energía eléctrica, además, prometió redefinir el concepto de infraestructura educativa por el de "infraestructura etnoeducativa".

Todas las promesas fueron incumplidas por Santos, según una carta del senador Jorge Enrique Robledo, quien le recordó al presidente colombiano los compromisos adquiridos con el pueblo chocoano para levantar el paro cívico ocurrido entre el 17 y 24 de 2016. 

No es la primera vez que ocurren manifestaciones por este tipo de reclamos en Chocó, el 26 de mayo de 1987 inició un paro cívico departamental del Chocó, convocado por miembros de la sociedad civil cansados del abandono estatal y al atraso sistemático al cual era sometido el departamento. 

Los reclamos actuales del departamento del Chocó difieren muy poco de aquellas presentadas hace décadas. El pliego de peticiones a las mismas necesidades: vías de acceso, salud, educación, autonomía y saneamiento básico. 

Buenaventura

Es el principal puerto en el Pacífico, mueve el 49 por ciento del comercio exterior, exporta más de 3 millones de toneladas de productos e importa casi 800.000. Tiene 408.000 habitantes, el 92 por ciento de los cuales viven en la zona urbana con una tasa muy alta de desempleo que pasó de 29 por ciento en 2003 a 63 por ciento en el 2014. 

Unas 83 organizaciones sociales convocaron una protesta para exigir el derecho al agua potable pues la mitad del municipio carece del servicio y quienes lo tienen se quejan de las frecuentes suspensiones , que llegan a los cinco días sin agua. 

El Gobierno no ofrece respuesta, el dinero de las obras desaparece e Hidropacífico, empresa privada, hace más ganancias vendiendo agua a los buques y quitándosela a los ciudadanos. Les cobra el metro cúbico a 17.500 dólares, más de lo que paga el estrato 5 en Bogotá (capital), cuyo valor promedio es de 14.511 dólares.

Ante la negativa de las instituciones del Gobierno a decretar la emergencia social, económica y ambiental en Buenaventura, los pobladores pidieron al Gobierno la creación de un mecanismo alternativo que garantice el cumplimiento de los acuerdos retrasados en mejoras de infraestructura, agua y salud. 

Las manifestaciones en este puerto fueron reprimidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que arrojan gases lacrimógenos contra las casas del casco urbano de Buenaventura, afectando a niños y ancianos. 

Los pobladores de Buenaventura siguen esperando que el presidente Santos y las autoridades competentes hagan presencia en la localidad para exigirles el cese de la represión contra el pueblo. 

Maestros

Desde el 11 de mayo, los docentes se vieron obligados a manifestar para exigirle al Gobierno de Juan Manuel Santos condiciones laborales dignas, educación pública y de calidad para los niños y las niñas. A este paro se sumaron los trabajadores estatales. 

Los acuerdos pactados entre la Federación Colombiana de Educación (Fecode) y el Gobierno Nacional comprendían como puntos importantes definir un instrumento para actualizar el escalafón a los educadores que "habiendo participado en procesos de evaluación de competencias, no pudieran lograr el ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial.

Además, los docentes serían sometidos a una evaluación de carácter "diagnóstico- formativo" y quienes aprobaran serían actualizados en el escalafón docente. Quienes no pasaran la prueba deberían tomar cursos de capacitación aprobados por el Ministerio y una vez culminado el proceso ser actualizados en el escalafón.

El aumento salarial sería del 12 por ciento y se realizaría de manera gradual durante cuatro años, pero se descontaría el incremento de 1 por ciento que se realizó en 2014 y de 1 por ciento en 2015. 

Los educadores del grado 14 recibirían una bonificación anual no constitutiva del salario para todos los maestros en escalafón 14 equivalente al 10 por ciento del salario mensual durante el año 2016 y del 15 por ciento para el 2017 en adelante. Esto debía cumplirse antes del 30 de enero de cada año. 

Tumaco

Campesinos cultivadores de coca protestan por la erradicación que se realiza desde el 25 de marzo en Tumaco, debido a que el proceso no está cumpliendo con los compromisos de sustitución de cultivos pactados en el acuerdo de paz de La Habana (Cuba) firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Las manifestaciones en este puerto del Pacífico, que colinda con la frontera de Ecuador, terminan en enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que han dejado un muerto, varios heridos y destrozos.

Los organizadores de las protestas de cultivadores de coca rechazaron la violencia y aseguran que estos actos fueron cometidos por personas ajenas a su causa.

"Según lo pactado en La Habana, el Gobierno Nacional debe acordar planes no solo de erradicación sino también de sustitución de cultivos en Tumaco, pues se trata de un plan integral. Sin embargo, en este momento en Tumaco se está haciendo todo un proceso de erradicación forzada y no se están viendo los planes de sustitución y apoyo a los campesinos por ningún lado", sostiene Aura María Puyana, socióloga que hace parte del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos.

La Policía Nacional envió a esa ciudad un contingente de 1.200 hombres para que realicen labores de erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca y persigan a las organizaciones criminales que se disputan el territorio. 

El general José Ángel Mendoza señaló que detrás de las manifestaciones hay mafias del narcotráfico que pagan hasta 30 dólares a cada manifestante para enfrentar a los uniformados. 

"Nosotros estamos erradicando los cultivos industriales, no las plantaciones de los pequeños cultivadores, porque ellos se están acogiendo al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos", aseguró Mendoza. 


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