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Diversos sectores de la sociedad colombiana exigen al Gobierno de Santos reimpulsar el proceso de paz con los grupos insurgentes.

Diversos sectores de la sociedad colombiana exigen al Gobierno de Santos reimpulsar el proceso de paz con los grupos insurgentes. | Foto: Colprensa

Publicado 26 mayo 2017

El Gobierno de Juan Manuel Santos trabaja en una propuesta para el Congreso que permita ampliar el lapso de vía rápida para la aprobación de las normas de implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. 

El Gobierno de Colombia pedirá este viernes al Congreso ampliar por seis meses la implementación del Fast Track (vía rápida) para aprobar las normas del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

De acuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien recién asume el cargo, su mayor reto es lograr la probación e implementación de las normativas pendientes del pacto alcanzado en La Habana, Cuba. 

>> Voces de paz pide a Santos reimpulsar fin del conflicto en Colombia

Tras la ceremonia de juramento por su cargo, Rivera explicó que las facultades del presidente Juan Manuel Santos se vencen el 30 de mayo, y por eso "están preparando algunos decretos que van a ser expedidos en las próximas horas, en todo caso antes del lunes". 

Asimismo, recordó que el Acto Legislativo para la Paz contempla la facultad para que el Gobierno colombiano pueda comunicar al Congreso la necesidad de prorrogar mecanismo de Fast Track. 

Apuntó que antes de finalizar el periodo de facultades especiales del presidente Santos serán expedidos decretos como el de la reforma a la Ley de Tierras y el de la creación de una Unidad Especial contra el Crimen Organizado, que busca la protección de los líderes sociales e integrantes de las FARC-EP. 

"Nuestra tarea es liderar la agenda legislativa de la implementación", dijo el ministro colombiano. 

>> Presentan reglamento de Justicia Especial de Paz en Colombia

La Corte Constitucional modificó la semana pasada el modelo de trámite de las normas para implementar el acuerdo de paz  y eliminó la posibilidad de que el Gobierno, en ese instrumento, trancara proposiciones que alteraran lo acordado. El fallo hace que todas las propuestas de los legisladores deban ser debatidas y votadas. 


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