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María Cristina García Ceda dirigió la Secretaría de Cultura de México durante la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto.

María Cristina García Ceda dirigió la Secretaría de Cultura de México durante la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto. | Foto: Prensa Latina

Publicado 9 noviembre 2020


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María Cristina García y otros dos funcionarios autorizaron donativos irregulares para un proyecto que no se concretó.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) de México dio a conocer este lunes la imposición de una multa millonaria y la inhabilitación por diez años a la exsecretaria de Cultura durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), María Cristina García Ceda, por daño al erario.

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En un comunicado, la SFP refirió que a García Ceda y a otros dos exfuncionarios de la Secretaría de Cultura (el oficial mayor, Francisco Cornejo, y la directora general de administración, María Eugenia Araizaga) se les multó a cada uno por 19,7 millones de pesos (971.910 dólares).

Ellos autorizaron donativos por 59 millones de pesos (2.900.322 dólares) a una asociación civil para realizar un proyecto llamado "Museo de museos", el cual no se concretó.

La nota, firmada por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, precisa que se avaló el donativo sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia para desarrollar trabajos en el inmueble escogido para el referido proyecto, según el procedimiento descrito en leyes para edificaciones con alto valor arquitectónico e histórico.

La entrega de los donativos se concretó en dos plazos: uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9.313.461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, describe el texto.

Por estas razones, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura determinó que los tres funcionarios habían incumplido sus responsabilidades, lo cual se penaliza en leyes federales, destaca el comunicado.

En la nota de prensa se recuerda que la SFP tiene el firme propósito de acabar con la impunidad en el indolente manejo de los recursos públicos que existió durante el régimen neoliberal, cuando los funcionarios públicos no rendían cuenta de sus actos.


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