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La presidenta de facto de Bolivia deberá pronunciarse sobre la decisión del Poder Legislativo.

La presidenta de facto de Bolivia deberá pronunciarse sobre la decisión del Poder Legislativo. | Foto: Senado de Bolivia

Publicado 14 octubre 2020


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Murillo, cara visible de los ataques al MAS, es el segundo ministro del Gobierno de facto que censura el Legislativo.

El Parlamento de Bolivia censuró al ministro de Gobierno y hombre fuerte del Gobierno de facto, Arturo Murillo, por no concurrir a una interpelación sobre la compra de materiales anti disturbios.

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"Se resolvió por el orden del día motivado con censura que de acuerdo al artículo 158 de la Constitución implica la destitución del ministro censurado", anunció este miércoles la presidenta de la Asamblea Nacional Plurinacional, Eva Copa, durante una sesión bicameral en la que más de dos tercios de los asambleístas votaron a favor de la censura.

Murillo es el segundo ministro de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez que resulta censurado por el Legislativo, meses después de que el titular de Defensa, Luis Fernando López, sufriera la misma sanción por no presentarse a una interpelación, aunque la gobernante lo ratificó de inmediato en el cargo.

El ministro censurado debía responder a cuestionamientos parlamentarios sobre la compra de materiales antidisturbios para la Policía, principalmente gases lacrimógenos, en la cual una comisión de senadores y diputados encontró indicios de corrupción.

Conocido por actitudes desafiantes contra el Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en el Parlamento, Murillo arguyó otros compromisos para no presentarse ante los legisladores. Estos votaron primero una resolución que declaraba injustificada esa ausencia y luego la de censura.

"Ya se van, ya se van (…) fuera, fuera", corearon los parlamentarios masistas dirigiéndose, presumiblemente, al Gobierno de facto, tras aprobar la censura, que se sumaba a una larga lista de choques entre los órganos Legislativo y Ejecutivo a solo cuatro días de elecciones generales.

Murillo, punta de lanza de la persecución judicial y policial contra el expresidente Evo Morales y sus colaboradores tras el golpe de Estado de noviembre pasado, había actuado en los últimos días como principal vocero de denuncias gubernamentales de un presunto plan de fraude electoral del MAS.

El Parlamento aprobó recientemente una ley para impedir que una autoridad censurada sea ratificada en el cargo, pero Áñez no la ha promulgado.


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