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Sindicatos de Costa Rica proponen una mesa de diálogo en conjunto con el Gobierno para tratar las medidas del plan fiscal.

Sindicatos de Costa Rica proponen una mesa de diálogo en conjunto con el Gobierno para tratar las medidas del plan fiscal. | Foto: Analítica

Publicado 24 junio 2018



Los trabajadores exigen que se suspenda la discusión del plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del Gobierno al interior de la Asamblea.

El Movimiento Sindical Costarricense, que agrupa a las principales organizaciones obreras de Costa Rica, reiteró este domingo su llamado a una movilización nacional para mañana lunes 25 de junio, en la denominada "primera gran huelga", de la administración de Carlos Alvarado, quien asumió la presidencia el pasado 8 de mayo.

Paralización de labores, movimiento lento de vehículos en las principales vías y marchas son parte de las presiones que preparan los trabajadores del sector público en rechazo al plan fiscal de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

 
Costa Rica enfrenta un déficit fiscal que en 2017 superó un 6,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), problema financiero que el país arrastra desde hace más de una década.
 


Los sindicatos exigen el retiro de la discusión de la iniciativa en la Asamblea Legislativa y proponen, en cambio, una mesa de diálogo entre las partes. Sin embargo, el Gobierno desestimó el petitorio e instó a los diputados a apurar el proceso de revisión del plan.

La Capital

En San José, los manifestantes marcharán desde distintos puntos hacia la Asamblea Legislativa y hacia Casa Presidencial.

En apoyo a la protesta, gran número de maestros pidieron a las familias no enviar a sus hijos a clases este lunes. Por su parte, la mayoría de los centros de salud aseguran que sólo atenderán emergencias y cuidados intensivos.

El 25 de abril, en la primera huelga general contra el plan fiscal, participaron al rededor de 200 mil personas.

Fotografía de la marcha del pasado 25 de abril.

¿Qué propone el Gobierno en su plan fiscal?

El Fortalecimiento de las Finanzas Públicas implica, entre otras medidas, gravar numerosos servicios que hoy están exentos. Por ejemplo, imponer una tasa del 13 por ciento a servicios informáticos, de abogados, gimnasios, espectáculos, alquileres, electricidad, transportes privados, juegos de azar y exposiciones comerciales.

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Además, propone una tasa del 4 por ciento para la educación y la salud privadas, así como para los libros en todos sus formatos, los boletos aéreos, la compra de empaques y embalajes y sus materias primas, también a equipo y maquinaria y a los servicios para la producción agropecuaria y agroindustrial.

Asimismo, establece un tope de 5,4 millones de colones (9.590 dólares aproximadamente) en los salarios de los funcionarios públicos y de las autoridades de los poderes del Estado y de la Administración Pública. Así como el equivalente a 18 salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado.

La reforma, según los sindicatos, afectará a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense.

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El viernes, el Gobierno hizo un llamado a los organizadores para suspender la huelga nacional, calificándola de "injustificada". El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, acusó que la movilización "hará daño a los costarricenses, especialmente a los usuarios de los servicios públicos, a los trabajadores, al país.


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