El presidente de México, Enrique Peña Nieto, levantó el veto legal que tenían las empresas para privatizar y extraer agua de 300 cuencas del país.
El decreto anunciado por Peña Nieto permitirá que el 55 por ciento de lagos y ríos de la nación sean concesionados hasta por 50 años a la industria minera y a la extracción de hidrocarburos, debido a que las cuentas están ubicadas en zonas donde se practican esas actividades.
Los acuerdos también se extienden a las concesiones sin títulos vigentes, que oscilan entre 50.000 aproximadamente, las cuales tienen los documentos vencidos, debido a que el mecanismo cambió por el decreto presidencial de la ley de Aguas Nacional y no las renovaron.
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La organización Agua para todos denunció que los decretos del Gobierno mexicano permitirán a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar el suministro del agua para empresas mineras, petroleras y de desarrollo urbano “a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y sectores populares”.
Decretos de reserva de agua NO privatizan el agua. Garantizan el agua para el consumo humano de generaciones futuras de mexicanos y para preservar el medio ambiente https://t.co/lUwTsmxCox
— Conagua (@conagua_mx) 18 de junio de 2018
Entre las cuentas que se ven afectadas están los ríos Papaloapan y Actopan-Antigua, aguas que pasan por tierras de los estados de Pueblo, Veracruz y Oaxaca.