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Esta es la cuarta reunión virtual del Consejo Europeo para discutir un plan de recuperación económica ante los daños provocados por el coronavirus.

Esta es la cuarta reunión virtual del Consejo Europeo para discutir un plan de recuperación económica ante los daños provocados por el coronavirus. | Foto: @BarendLeyts

Publicado 23 abril 2020


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Los Estados miembros intentan buscar un equilibrio entre sus visiones económicas de recuperación tras el fuerte impacto del coronavirus en la región.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran la Unión Europea (UE) se reunen este jueves para intentar relanzar la economía regional tras la pandemia del coronavirus, en un clima que no encuentra consenso posible hasta el momento porque resulta evidente la división de intereses entre el norte y el sur.

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Esta es la cuarta reunión virtual del Consejo Europeo mientras desde los centros hospitalarios se continua la ofensiva contra la Covid-19, con escenarios diversos que evidencian los efectos de economías neoliberales, privatizadores de sistemas de salud en estos momentos colapsados por la contingencia sanitaria.

En el centro del debate político y económico se encuentra el plan de recuperación económica que debe aplicar la UE para frenar los daños provocados por el coronavirus en los 27 Estados miembros. La nota discordante del encuentro es la posición contrapuesta de los diferentes líderes en cuanto a la inyección millonaria de recursos que necesita la zona para reactivar su economía.

 

El paquete de emergencia de préstamos aprobado es el siguiente: para las finanzas estatales, con hasta 240.000 millones de euros del fondo de rescate europeo (Mede); empresas, con 200.000 millones del Banco Europeo de Inversión (BEI) y sistemas de protección y empleo, con 100.000 millones de la Comisión Europea. Las diferencias entre los 27 están, sobre todo, en las dimensiones de ese paquete y si esos fondos se deben entregar mediante préstamos o transferencias no reembolsables.

¿Cuáles son las propuestas de los países y la Comisión Europea?

El presidente de España, Pedro Sánchez, buscando acercar a las partes propone una idea según su propia opinión, "pragmática, efectiva y asumible por los socios más reticentes". Se trata de la creación de un fondo de 1.5 billones de euros a repartir mediante transferencias, lo que evitaría el endeudamiento de los países más afectados, ya que no tendrían calidad de préstamos, sino de inyecciones de dinero directas del presupuesto comunitario que emitiría una deuda perpetua, de la que solo se pagarían los intereses.

El premier francés, Emmanuel Macron, converge con la propuesta de su par español, aunque difieren en la aplicación de la deuda perpetua, ya que piden la creación de un tipo de eurobono con un plazo de tiempo limitado y un objetivo concreto.

 

Italia solo contempla la emisión de eurobonos para la resolución de esta crisis como expresó su presidente, Giuseppe Conte, en el Senado del país europeo.

Los Países Bajos, Finlandia y Austria no comparten la mutualización de la deuda que conduce a los eurobono y prefieren elegir otra alternativa basada en préstamos al tiempo que se restrinja al máximo la intervención europea, o de Alemania.

"Mi máxima siempre es que a la larga a Alemania no le irá bien si a Europa no le va bien. Es el lema de la solidaridad, pero también del propio interés", afirmó la canciller de Alemania, Angela Merkel, quien ha ido variando su posición antagonista hacia la propuesta española con la intención de llegar a algún acuerdo "con un espíritu de solidaridad".

 

Por su parte, Bruselas propone aumentar el techo de gasto del presupuesto de la eurozona del 1,2 por ciento hasta el 1,3 por ciento y añadirle otras seis décimas durante la fase más dura de la crisis, prevista para el periodo 2020-2022. Esos fondos se conseguirían mediante la emisión de 323.000 millones de euros hasta llegar a 1,5 billones de euros.

La medida final estará a cargo de los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel. En el caso de aprobarse la propuesta del organismo que dirige von der Leyen, esta podría comenzar a aplicarse a finales de 2020.


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