Asociación de Campesinos de Colombia denunció el asesinato de Luis Eduardo Garay a manos de agentes de la fuerza pública el pasado lunes 24 de diciembre.
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) denunció este martes que en medio de hechos confusos fue asesinado uno de sus líderes sociales pese a las alertas tempranas por su seguridad elevadas al Gobierno colombiano.
El campesino asesinado de varios impactos de bala el 24 de diciembre respondía al nombre de Luis Eduardo Garay, quien se encontraba en la jurisdicción del corregimiento de Juan José, en el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, en un lugar denominado El Cerro, donde presuntamente fue atacado por hombres con el uniforme del Ejército colombiano.
En un comunicado emitido por Ascsucor exigen una "investigación exhaustiva con el fin de establecer cuáles fueron las razones por las cuales los uniformados de la XI Brigada dieron muerte a Garay".
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba #Colombia, denunció el asesinato de uno de sus integrantes pese a las alertas tempranas que elevaron al Gobierno Nacional por la presencia de grupos armados en sus territorios. @teleSURtv pic.twitter.com/ulvgQ4suIj
— Paola Fernandez (@Paola_teleSUR) 25 de diciembre de 2018
Señalan que grupos armados establecidos en la zona han "reconfigurado situaciones violentas en sus disputas territoriales que implicaron el incremento de la vulnerabilidad de las comunidades".
En confusos hechos, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, fue asesinado el campesino Luis Eduardo Garay, hechos sucedidos en la entrada del corregimiento Juan José del municipio de Puerto Libertador; los perpetradores del crimen fueron hombres uniformados del ejército nacional. pic.twitter.com/JiJOrZnSVa
— Asociación de Campesinos del sur de Córdoba (@ascsucor_org) 25 de diciembre de 2018
Además, la Ascsucor indica que por medio de estas acciones violentas, estos grupos ejercen "un control social sobre la población que han repercutido en la ocurrencia de nuevos desplazamientos forzados, amenaza y delitos contra las libertades, en la que han resultado afectadas distintas comunidades rulares, líderes sociales y comunitarios".
La organización condenó "toda acción lesiva de los derechos humanos de los campesinos y campesinas del sur de Córdoba", así como las "investigaciones nulas o casi nulas del Gobierno local, departamental, y nacional", a los cuales les exigieron el esclarecimiento de este homicidio.
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