Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
Venezuela solicitó al Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que reconsidere su fallo en el caso de la estadounidense ConocoPhillips, tras la nacionalización de sus acciones en las asociaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PCG), la solicitud presentada este lunes busca revertir la decisión de 2014 luego de la nueva conformación del Tribunal, basándose en el principio jurídico de que ningún sistema de justicia legítimo puede impedir que una decisión basada en declaraciones falsas sea revisada, especialmente si el caso se encuentra todavía pendiente de resolución ante el mismo tribunal.
En febrero, el jurista internacional Georges Abi-Saab, árbitro del caso, señaló que "si realmente hubo mala fe, no puede atribuirse a la demandada, sino a las demandantes, ya que indujeron a engaño a la mayoría a través de declaraciones falsas, con pleno conocimiento de su falsedad".
"En estas circunstancias, no creo que ningún tribunal que se respete, y que tome con seriedad su función legal y moral de buscar la verdad y administrar justicia conforme a la Ley, pueda ignorar dichas pruebas, taparse los ojos y continuar actuando sobre la base de conclusiones que se tornaron gravemente cuestionables, ignorando la existencia y la importancia de pruebas contundentes”, sentenció.
De acuerdo con el letrado, hacer eso “sería desconectarse mediante una clausura epistémica en un mundo subjetivo de fantasía de su propia creación; una realidad virtual con el fin de rechazar la realidad objetiva probable; una comedia legal de errores en el teatro del absurdo; por no decir parodia de la justicia, que hace burla no sólo del arbitraje del Ciadi, sino de la idea misma de la adjudicación”.
En contexto
ConocoPhillips demandó a Venezuela tras la nacionalización de sus acciones en la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías" y pretende obtener una indemnización, pago de derechos y reparaciones por más de 30 mil millones de dólares. La transnacional rechazó migrar a empresas mixtas, con la cual la nación suramaericana tendría la mayoría accionaria, y decidió emprender la vía judicial desde 2007.
