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El Gobierno de Rajoy aprobó esta polémica medida unos días después de llegar al gobierno.

El Gobierno de Rajoy aprobó esta polémica medida unos días después de llegar al gobierno. | Foto: Reuters

Publicado 9 junio 2016

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (UE) en una sentencia pone en tela de juicio una vez más la Ley de Propiedad Intelectual en España.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) anuló este jueves la ley comunitaria de la normativa española sobre el llamado "canon digital", aprobado en el 2012 por el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy para compensar a los autores con dinero público.

El canon digital español es un impuesto que se paga como compensación por hacer copias privadas de contenidos sujetos a copyright.

Mediante un comunicado la máxima autoridad judicial europea indicó que "el Tribunal de Justicia declara que la Directiva se opone a este sistema, en la medida en que no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas".

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DatoCon esta nueva sentencia el Ejecutivo es obligado a modificar su ley.

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que tras conocer la sentencia el Ejecutivo trabajará "a pleno rendimiento" para hallar "una solución que sea satisfactoria para todos y plenamente cumplidora del derecho comunitario".

Por su parte, el ministerio de cultura español en un comunicado dijo que el Gobierno en funciones esperará hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la materia para determinar cómo encaja la decisión europea en las leyes españolas "y adoptar las medidas que, en su caso, resulten necesarias".

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En contexto

El anterior canon que estuvo vigente desde 1992 y fue adoptado en el 2006 al entorno digital, gravaba la compra de soportes como CD o DVD para compensar a los creadores por el supuesto perjuicio que les generaba su utilización para fines privados. 

Se consideraba así que cualquier adquisición de estos productos pretendía almacenar o difundir (solo de manera privada) contenidos sometidos a derechos de autor.

El Gobierno de Mariano Rajoy modificó ese instrumento y sustituyó la compensación ligada a cada compra privada por una partida habilitada en los Presupuestos Generales del Estado destinada a las entidades gestoras de derechos de autor.

Las entidades Egeda, Dama y Vegap contrariadas por la decisión, principalmente porque las cantidades percibidas son muy inferiores a las que generaba el primer canon, recurrieron la nueva ley en 2013. Y antes de decidir, el Tribunal Supremo preguntó a la justicia europea si el esquema era compatible con la directiva comunitaria de derechos de autor. La máxima instancia judicial en la UE concluye ahora que no.


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