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La Fiscalía de Colombia inició este jueves otra investigación sobre la Toma del Palacio de Justicia: las torturas contra insurgentes y otras personas que militares y policías acusaban de pertenecer a la guerrilla, reseñó El Tiempo.
En la nota detallaron que el sistema de Justicia colombiano también averigua las desapariciones, torturas, abusos de fuerza y asesinatos fuera de combate ocurridos durante y después de la retoma del Palacio, asaltado por el M-19 en noviembre de 1985.
En la recapitulación de los hechos comprobaron las decenas de testimonios recibidos solo meses después de la embestida, los cuales además dan cuenta de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por algunos miembros de la Fuerza Pública.
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Corroboraron que la zona de caballerizas en la Escuela de Caballería, al norte de Bogotá, fue usada como centro de interrogatorios y torturas, se dictó en el fallo.
“En la Escuela funcionaba un área reservada de responsabilidad del B-2 (Inteligencia) de la Brigada 13 y ubicada en las caballerizas, sitio donde efectivamente se sometía a interrogatorio y torturas a personas retenidas bajo sospecha de pertenecer a grupos subversivos”, reza la sentencia. Ese, agrega, fue el posible destino de varios de los desaparecidos del Palacio.
El coronel Alfonso Plazas Vega comandaba en esa época la Escuela de Caballería —absuelto por la Corte Suprema en diciembre pasado por el caso de los desaparecidos—, sin embargo, el área especial estaba bajo el mando reservado del coronel Edilberto Sánchez.
“Dentro de las instalaciones de la Escuela y en el área general de las pesebreras existía y existe una edificación que no estaba bajo el control del comandante de la Escuela, sino de la Brigada 13 y particularmente correspondía al B-2 de la Brigada (...). A ese lugar es posible que hayan sido conducidas personas en proceso de investigación”, declaró Plazas Vega.
Luego de 30 años de ocurrido el suceso, el coronel Alfonso Vegas Plaza ha sostenido que sobre la base de evidencias que conoció en el proceso judicial, apunta que Irma Franco, miembro del del M-19, salió viva del Palacio y fue desaparecida, pero advierte que por estos hechos debe responder el B-2, específicamente el coronel Edilberto Sánchez.
En el compendio de pruebas le suman el hecho de que el juez tomó en cuenta la evidencia de que los militares no reportaron o dejaron constancia del envío de sobrevivientes del Palacio a la Escuela, a pesar de que ellos fueron puestos en libertad horas o días después. Probaron que todos denunciaron malos tratos y amenazas para no hablaran de lo sucedido.
El Batallón Charry Solano (sur de Bogotá) fue otro de los sitios utilizados para la tortura, donde comandaba el coronel Iván Ramírez, quien posteriormente en su cargo de General fue cuestionado por las organizaciones de Derechos Humanos.
El conductor José Vicente Rubiano, detenido en noviembre de 1985 en Zipaquirá (municipio), atestiguó ante la Justicia que “nos metieron en unas caballerizas y nos torturaron hasta que más pudieron”.
Rubiano fue enviado después a la cárcel Modelo y liberado a los 15 días, habló de “maltratos, torturas y choques eléctricos”, “tanto en Zipaquirá como en la Escuela de Usaquén”.
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Ante esto el Juez dictaminó que “las torturas fueron un medio no poco utilizado para obtener información”.
La tortura no fue el único medio, también hubo ejecuciones. De hecho, Luz Mary Montaña, trabajadora de servicios generales, recordó que junto con una compañera se escondieron en un baño, y que al final de la retoma, llegaron dos miembros de la insurgencia.
“Bajaron unos soldados y golpearon en el cuarto (...). De primera salió mi compañera (...). Ellos les dijeron a los dos muchachos que se pararan, y cogieron los soldados y mataron a los guerrilleros, en ese momento ellos gritaron ya para morir”.
Al menos cinco sobrevivientes del Palacio aseguraron desde 1985 ante la Procuraduría y los procesos de justicia ordinaria y militar de la época que Irma Franco salió con vida.
El soldado Édgar Moreno aseguró que “la guerrillera pecosa” fue vista con vida tras custodiarla en el segundo piso de la Casa del Florero.
La misma que se identificó como abogada y le pidió a algunas personas que se comunicaran con su familia.
“Yo con ella no tuve tiempo de hablar, ella me pidió el favor de que por qué no le avisaba a la familia que ella estaba en poder de la brigada”, indicó Moreno, tras señalar que dos días después llamó a la familia de Franco y les dio el mensaje.
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Entregan restos de una de las desaparecidas del Palacio de Justicia
Pese a que hasta diciembre pasado el saldo de desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia es de ocho (Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda), este jueves fueron entregados los restos de María Lida Mondol de Palacios, hallados e identificados en octubre pasado por la Fiscalía y el Instituto de Medicina en el Cementerio Jardines de Paz en el norte de Bogotá, publicó El Espectador.
Este caso en particular llama la atención de la opinión pública porque su desaparición nunca fue investigada por las autoridades colombianas, tampoco figura en la lista de los 11 desaparecidos.
Mondol tenía 45 años de edad y se desempeñaba como auxiliar del magistrado del Consejo de Estado, Manuel Gaona Cruz.
Se tiene previsto que en las próximas semanas anuncien la identificación de otras personas que fallecieron en la retoma del Palacio de Justicia.
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