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La entonces ministra de Comunicación, Noemí Sanín, aseguró que actuó bajo la obligación de salvar vidas.

La entonces ministra de Comunicación, Noemí Sanín, aseguró que actuó bajo la obligación de salvar vidas. | Foto: El Espectador

Publicado 6 noviembre 2015



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Se trata de la entonces ministra de Comunicación del año 1985, Noemí Sanín, quien categóricamente afirmó no tener el peso de conciencia por la muerte de cientos colombianos y 11 desaparecidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Noemí Sanín la funcionaria colombiana que en 1985 era la ministra de Comunicaciones cuando ocurrió el holocausto del Palacio de Justicia, no pidió ni pedirá perdón por los cientos de personas fallecidas, reseñó El Espectador.

A través de un comunicado reafirmó que “si me preguntan si voy a pedir perdón. Sin Soberbia alguna, ratifico que no”. Aunque extendió su solidaridad ante los familiares de las víctimas de ese 6 de noviembre.

Lee: Santos pide perdón por crimen en el Palacio de Justicia en 1985

“Al cumplirse 30 años de la fatídica toma, por parte del M19, del Palacio de Justicia, una vez más, hago llegar mi solidaridad y dolor a todas las víctimas, y muy principalmente a aquellas que no han encontrado respuesta sobre la vida o muerte de sus seres queridos. Las peores expresiones de la tortura son la desaparición, las preguntas sin respuesta, las contradicciones y el silencio. Ojalá todos pudiéramos poner la verdad que tenemos, para contribuir a mitigar ese dolor, que es testimonio de vergüenza para nuestra sociedad”, reza el documento.

La exministra reflexionó en el texto que aún cuando ha analizado su conducta en torno al hecho y además se le ha recomendado como “conveniente” pedir perdón, “no encuentro en mi memoria, ni en los más profundos y exigentes resquicios de mi conciencia, y menos de mi razón, motivo alguno para hacerlo”.

Su postura frente al hecho —que aún genera escozor por la falta de respuesta del Estado— se dio a conocer luego de que se informara que tanto Sanín como el ministro de Justicia para ese año, Enrique Parejo y Jaime Castro, ministro de Gobierno, deberán declarar por el presunto conocimiento que se tenía de los planes del grupo insurgente M-19 para tomar el Palacio de Justicia. Así como las causas que llevaron a retirar la protección especial en las instalaciones desde el 17 de octubre, día en el que se descubrieron planos y documentos que contenía información para la ocupación.

Para la exfuncionaria ministerial, su conducta estuvo “bajo la estricta y firme condición de que mi primera obligación era la de coadyuvar a salvar vidas de quienes se encontraban en el Palacio de Justicia bajo cualquier título o circunstancia”.

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