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El activista mexicano Gustavo Castro denunció este lunes ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Honduras por las violaciones cometidas al retenerle ilegalmente en el país mediante decisiones "arbitrarias".
Castro presentó denuncia penal contra la jueza Victorina Flores por el delito de "abuso de autoridad" y declaró que la Fiscalía de Honduras no ha solicitado su colaboración para reconocer, de entre los siete detenidos por el caso, a uno de los autores materiales de los hechos.
"Es una prueba de que no quieren que yo colabore con este proceso", señaló el mexicano.
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Gustavo Castro es el único testigo presencial del asesinato, ocurrido el 3 de marzo de 2016 cuando él se hospedaba en casa de Cáceres, ubicada en la ciudad hondureña de La Esperanza.
Los días posteriores al crimen, el activista participó en varias diligencias de prueba pero cuando ya tenía el permiso para salir hacia México, el 7 de marzo fue interceptado por autoridades hondureñas en el aeropuerto de Tegucigalpa. Recordó que en el aeropuerto se produjo un "secuestro de Estado", pues le retuvieron de manera ilegal, "sin presentar ningún documento oficial", algo por lo que posteriormente le pidieron disculpas.
"Queremos dejar de ver con normalidad que el Estado hondureño siga violando derechos humanos" y "restringiendo derechos fundamentales", apuntó uno de los abogados de Castro, Edy Tábora.
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El abogado hondureño resaltó que los funcionarios no tienen más atribuciones que las que marca la ley, por lo que la defensa espera que quienes se hayan sobrepasado reciban sanciones administrativas, civiles o incluso penales si se demuestra que "han cometido algún delito".
Castro pidió que se rompa todo el secreto que hay alrededor de las investigaciones del caso porque "se están viendo una debilidad en la investigación terrible" y no hay "claridad" en el proceder de la justicia.
Criticó además que los familiares de Cáceres no están siendo notificados cuando hay algún avance en el caso o cuando se produce la detención de algún presunto responsable.
Berta Cáceres, dirigente ambientalista y defensora de derechos humanos, era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y tenía medidas cautelares de la CIDH. Una semana antes de morir había denunciado que cuatro activistas de su entorno habían sido asesinados y varios más habían sufrido amenazas.
