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Publicado 9 septiembre 2015

Las autoridades uruguayas aclararon que no depende de ellos que los refugiados de Siria se vayan del país, sino del Estado en donde vayan a ser acogidos. Insistieron que la política de seguir recibiendo refugiados de guerra seguirá.

Las familias sirias que se encuentran refugiadas en Uruguay desde octubre del año pasado protestaron este martes frente al edificio de la Presidencia uruguaya en Montevideo (capital), para exigir a las autoridades que le faciliten una salida del país con el fin de que puedan regresar a su nación o al Líbano.

Las razones que motivan a los refugiados obedecen a que la ayuda económica que les brinda el Estado concluirá en un año y señalan que no cuentan con estabilidad laboral.

Ante estos señalamientos, el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay, Javier Miranda, declaró que los ciudadanos sirios que se encuentran en calidad de refugiados cuentan con un documento que les permite salir y entrar al país cuando lo deseen.

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Sin embargo, aclaró que depende de cada nación de destino, acceder o no al ingreso de dichos ciudadanos.

"No depende de nosotros que los sirios se vayan del país. El mecanismo depende de los Estados de acogida. Ellos tienen los documentos para poder viajar pero lo que el Estado uruguayo no va a hacer es pagarles el pasaje", explicó.

Reiteró que Uruguay seguirá con su política de recibir ciudadanos refugiados de guerra porque “el país no dejará de ser solidario”.

No obstante, aclaró que el plan de refugiados está “en revisión”.

EN CONTEXTO

El Gobierno de Uruguay informó en julio de este año que evaluará la continuidad del programa de acogida a refugiados sirios ante el segundo grupo que tiene previsto llegar este año. 

La llegada de otras siete familias -72 personas- estaba prevista para febrero de este año, pero fue postergada para el último trimestre de 2015 por el nuevo presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, quien asumió la presidencia el pasado marzo.

EL DATO: Uruguay es un país con una larga tradición en asilar migrantes, y varios de sus ciudadanos fueron acogidos durante la dictadura de 1973 a 1985.

Este es el primer país latinoamericano en implementar un plan de reasentamiento elaborado en coordinación con Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y con el respaldo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

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