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En los últimos seis años fueron asesinados en Colombia 346 defensores de derechos humanos y 16 se encuentran desaparecidos.

En los últimos seis años fueron asesinados en Colombia 346 defensores de derechos humanos y 16 se encuentran desaparecidos. | Foto: EFE

Publicado 6 abril 2016

Pese al paramilitarismo, la complejidad de los temas en discusión, y las diferencias en los mecanismos de llegar a un acuerdo definitivo de paz, las partes insisten en que es posible cerrar los diálogos este año.

El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) retoman este miércoles en La Habana, Cuba, los diálogos de paz, con el fin de acordar una hoja de ruta para resolver los temas que restan de la agenda de negociación, bajo el auge del paramilitarismo en ese país.

Recientes acontecimientos como el llamado "paro armado" promovido por el clan Úsuga, asesinatos de líderes de izquierda y las denuncias de proliferación del paramilitarismo, añaden tensión a las discusiones para el fin del conflicto, un tema sobre el que las partes no pudieron llegar al acuerdo previsto el pasado 23 de marzo.

Delegaciones de paz de las FARC-EP y del gobierno de Juan Manuel Santos buscan acercar posturas en controversiales asuntos como el cese el fuego bilateral, la dejación de las armas, y las garantías para la reinserción segura a la sociedad de los combatientes.

 

 

>> FARC-EP piden no entorpecer diálogos de paz en Colombia

El pasado lunes, el vocero del equipo de concertación de las FARC-EP, Carlos Antonio Lozada, recordó que el fin del conflicto implica garantías de seguridad y el esclarecimiento del fenómeno paramilitar.

A través de un artículo publicado en la página de la delegación de paz insurgente, Lozada señaló que terminar con la confrontación requiere que el Estado asuma compromisos serios en temas como la revisión de la situación jurídica de los prisioneros, el combate contra el paramilitarismo, la impunidad y la corrupción.

Afirmó que no cabe exigirle a las FARC-EP, de manera unilateral, una fecha determinada para la dejación de las armas, mientras el gobierno colombiano no brinde, además, garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos, y los excombatientes.

 

Lozada recordó que en los últimos seis años fueron asesinados en Colombia 346 defensores de derechos humanos y 16 se encuentran desaparecidos, además de que continúan las amenazas contra líderes populares y de izquierda, así como otras violaciones de los derechos humanos.

>> FARC-EP y Gobierno colombiano reanudan los diálogos de paz


En contexto:

A principios de 2016, el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, Iván Márquez y todos los voceros del grupo insurgente vaticinaron que el 23 de marzo no se firmaría el acuerdo final. 

Los negociadores de paz de las FARC-EP aseguran que el alcance del acuerdo final se ha frenado por "decisiones unilaterales del Gobierno" en temas que deben ser objetos de discusión en La Habana, como por ejemplo, las zonas de concentración del grupo insurgente que fueron aprobadas solo por el Congreso, sin tomar la opinión de la organización.

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