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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos giró instrucciones a su canciller María Ángela Holguín para que inicie un proceso de negociación de un tratado con Nicaragua que busque garantizar la protección de los habitantes del archipíelago de San Andrés ubicado a 220 kilómetros de las costas orientales nicaragüense.
Tras cumplirse dos años de la sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la cual redujo los derechos de Colombia en aspectos económicos como pesca y explotación de otros recursos naturales, el mandatario ordenó avanzar en una negociación.
La medida fue anunciada tras una reunión de evaluación de las acciones del gobierno colombiano en este espacio territorial.
"Me han sugerido... iniciar la negociación con Nicaragua de un tratado en donde los derechos de los raizales sean uno de los puntos fundamentales. Esa es una orden también de la Corte Constitucional y le he dicho a la canciller que demos los primeros pasos en esa dirección", precisó el mandatario colombiano.
En el momento en el cual se dictó el fallo, Santos alegó la “inaplicabilidad” del mismo. Sin embargo, la Corte determinó que los límites o cualquier derecho del país solo se modifican por tratados ratificados por el Congreso de la República y ordenó proceder así.
Por esta razón, el tratado tendrá que ser negociado por los gobiernos de Colombia y Nicaragua. El mismo podrá incorporar los aspectos que las partes consideren convenientes, sin embargo, la prioridad de esa negociación deberán ser los derechos de los pescadores colombianos en el área afectada por la sentencia, según dijo Santos.
EN CONTEXTO
En 2012, la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia sobre la primera demanda que presentó Nicaragua contra Colombia, argumentando que todo el archipiélago le pertenece a este último país, reafirmando así la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés y Providencia, junto con los los cayos de Alburquerque, Roncador, Serrana, Bajo Nuevo, Quitasueño y Serranilla.
Sin embargo, con este fallo Colombia perdió cerca del 43 por ciento de su territorio marítimo en el Mar Caribe.
Las comunidades ubicadas en la costa nicaragüense piden al Gobierno colombiano que se avance en la creación de un estatuto autonómico raizal y varias organizaciones sociales han pedido también que se apoye en las personas de la región para diseñar, precisamente, sus intervenciones en el territorio.
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