Santo Domingo fue declarado en emergencia ambiental por la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, y el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, debido a los problemas sanitarios ocasionados en el Distrito Nacional y en la capital dominicana, luego de varios meses de inconvenientes con la empresa encargada del vertedero.
Este documento fue publicado luego de evaluar las consecuencias del manejo "inadecuado" de los residuos sólidos en el vertedero de la ciudad. Además, resalta que la empresa encargada del vertedero de Duquesa, Lajun Corporation, y las alcaldías de Santo Domingo, "han entorpecido el normal desenvolvimiento de la disposición final de los residuos sólidos".
Uno de los argumentos expuestos precisa que "se ha identificado un potencial riesgo sanitario en la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional por la acumulación de residuos sólidos expuestos, la presencia de animales domésticos, vectores, emisión de olores desagradables y quema de residuos, que constituyen focos infecciosos y de contaminación por el rápido proceso de descomposición de los mismos".
De igual forma, señala la necesidad de adoptar "medidas ambientales y sanitarias correspondientes, puesto que el grado de afectación por residuos sólidos que posee dicho vertedero (ubicado en Santo Domingo Norte) es bastante alto y puede llegar a convertirse en foco para la propagación de enfermedades diversas y representar un serio problema de salubridad para todo el pueblo dominicano".
Por su parte, la empresa anunció que cesará el servicio en los municipios de Santo Domingo Oeste, Pantoja y Los Alcarrizos, y limitará los horarios de asistencia a un máximo de seis horas diarias, de lunes a viernes, para las demás localidades. En respuesta, el ministro Domínguez Brito declaró que "bajo ninguna circunstancia permitirá que se ponga en riesgo la salud de la población por intereses particulares".
Nadie, absolutamente nadie tiene derecho a poner en riesgo la salud de la ciudadanía en el Gran Santo Domingo por intereses particulares
— F. Domínguez Brito (@DominguezBrito) 19 de julio de 2017
Lajun Corporation publicó un comunicado señalando su disposición de trabajar con normalidad y en conjunto con la administración pública en una solución definitiva al conflicto, y la posibilidad de establecer un precio más justo por tonelada manejada. "Actualmente se está cobrando de media de dos dólares por tonelada de basura manejada y, como indica el consultor internacional del gobierno, son necesarios al menos nueve dólares para operar de forma sostenible, argumento que también respalda la Fundación Economía y Desarrollo, que aboga por 11 dólares por tonelada", afirmó la empresa.