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El movimiento cívico Marcha Verde denunció que los principales responsables por los casos de corrupción con Odebrecht no han sido procesados por la justicia.

El movimiento cívico Marcha Verde denunció que los principales responsables por los casos de corrupción con Odebrecht no han sido procesados por la justicia. | Foto: Reuters

Publicado 29 junio 2017



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El movimiento Marcha Verde presentó un documento para explicar los casos en que el Congreso y el Estado violaron las leyes para realizar obras de Odebrecht.

El Movimiento cívico dominicano Marcha Verde solicitó este jueves la renuncia del mandatario de República Dominicana, Danilo Medina, ante los escándalos de corrupción, vinculados con la compañía brasileña Odebrecht.

La organización independiente denunció que los últimos Gobiernos dominicanos han violado la Constitución, tras favorecerse con contratos millonarios para realizar obras estatales desde 2002.

A través de un documento, Marcha Verde explicó que el Ejecutivo y el Congreso violaron las leyes del Presupuesto General del Estado para aprobar y ejecutar obras de Odebrecht.

>> Siete imputados dominicanos por Odebrecht ingresan a la cárcel

Desde el mes de enero, los escándalos de corrupción han envuelto a Medina, situación que llevó a los grupos independientes a solicitar la renuncia del mandatario, lo que ocasionó un debate en la nación.

Según el movimiento, entre 2002 y 2016, el Congreso aprobó 22 contratos de préstamos para obras contratadas y realizadas por la empresa brasileña, por un monto de 3.132 millones de dólares.

Asimismo, la organización denunció que los principales responsables por el caso de corrupción no fueron sometidos a investigación o proceso judicial. Tal es el caso del vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina y la expresidenta del Senado y actual legisladora, Cristina Lizardo.

Por su parte, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), liderado por Medina, indicó que la solicitud no tiene fundamentos y no responde a la realidad política que vive actualmente el país. Sin embargo, entendieron que el pedido surge por el "agobio social" que se vive por la corrupción.


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