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Siete de los imputados en la República Dominicana por el caso Odebrecht ingresaron este lunes a la cárcel de Najayo, en el sur del país caribeño, donde cumplirán prisión preventiva.
Los imputados fueron trasladados en un autobús fuertemente custodiado por la Policía Nacional este lunes desde las dependencias del Palacio de Justicia donde permanecían detenidos desde hace dos semanas hasta la cárcel de Najayo.
A la cárcel ingresó el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de oposición) y extitular del Senado, Andrés Bautista, que también cumplirá seis meses, lo mismo que el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ruddy González.
También ingresaron el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz, alto dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el abogado Conrado Pittaluga, para quienes el juez dispuso 9 meses, el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), César Sánchez y el exfuncionario Máximo de Óleo, que cumplirán tres meses.
Por otro lado, el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que repartió los sobornos, permanece aún en la cárcel del Palacio de Justicia.
La Procuraduría General (PGR) dominicana informó este lunes que evalúa la solicitud de la familia de Rondón para que el magnate no cumpla la pena de un año de prisión preventiva en el centro La Victoria por temor a que allí no se garantice su integridad física.
>> Cinco personas detenidas por caso Odebrecht en Ecuador
La constructora brasileña Odebrecht admitió pagar 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000- 2004), así como los de Leonel Fernández (2004- 2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.
Las detenciones ocurren poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
