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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió este martes con sus seguidores en un acto público en Salvador, capital del estado de Bahía.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió este martes con sus seguidores en un acto público en Salvador, capital del estado de Bahía. | Foto: EFE

Publicado 26 abril 2016



De los 21 senadores escogidos para llevar a cabo el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, ocho son investigados por casos de corrupción.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, manifestó este martes que quienes la juzgan son corruptos, en referencia a los legisladores que evalúan el juicio político contra ella y que están siendo investigados en los tribunales de ese país.

Rousseff reiteró que contra ella no recae ninguna acusación por haber recibido dinero por hechos de corrupción. Mientras que de los 21 senadores de la comisión que debate sobre el juicio político, ocho están involucrados en actos ilícitos.

“Ellos son acusados, yo no tengo acusación. Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto”, aseguró Rousseff en un acto público celebrado en Salvador, capital del estado de Bahía.

La lista de los legisladores investigados está encabezada por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha —el mismo que promovió el juicio político contra la presidenta—  dado que sobre él pesan cinco denuncias, en su mayoría realizadas por el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot.

Cunha está acusado por haber hecho una petición de pérdida de mandato por el intento de frenar el proceso en su contra en el Consejo de Ética al haber transgredido el código parlamentario por mentir sobre el hallazgo de cuatro cuentas bancarias a su nombre en el banco Julius  Bär de Suiza.

El titular de la instancia legisladora es el único imputado en la Corte Suprema debido a su condición de foro privilegiado.

Esto desató la ola de denuncias. Y por si fuera poco, también fue denunciado por haber recibido cinco millones de dólares en sobornos a través de la red de corrupción en la estatal Petrobras y en el Porto Maravilha, que es uno de los proyectos de Río 2016.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Federal (TSF) de esa nación, Teori Zavascki, aceptó dos de las denuncias por corrupción presentadas por la Fiscalía General de la República contra Cunha.

El dato
En febrero pasado el Instituto Datafolha reveló una encuesta que se calcula que 76 por ciento de los brasileños apoyaría la salida de Eduardo Cunha como presidente de la Cámara de los Diputados.
Ante eso, Cunha dijo que “no necesito ser popular, a diferencia de la presidenta de la República, que fue elegida por la mayoría de la población, yo fui elegido por un segmento del Estado”.

La mandataria Rousseff argumentó en un evento de este martes con sus seguidores que “todo el mundo sabe que (Cunha) tiene cuentas en el exterior y que esté acusado por el ministerio Público (Fiscalía)”. Los presentes corearon “fora Cunha” (fuera Cunha).

El efectivo de la Policía Federal, Jayme Alves de Oliveira Filho, alias El Calvo, acusó en 2015 a Cunha y al ponente de la comisión, el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), por haber recibido 280 mil de dólares en 2010 por parte del contrabandista de dinero y principal delator en el escándalo de corrupción de Petrobras, Alberto Youssef.

Youssef está en prisión por la Operación Lava Jato porque utilizaban lavanderías y gasolineras para sus negocios.

En el caso del senador Zezé Perrela, del Partido Laborista de Brasil (PTB, por su sigla en portugués), en noviembre de 2013 enfrentó acusaciones de narcotráfico, luego de que la Policía Federal de Espíritu Santo capturó un helicóptero con una carga de 445 kilogramos de pasta base de cocaína.

Las autoridades demostraron que el piloto de la nave era el hijo de ese político, el senador Gustavo Perella, sin embargo, las autoridades descartaron la participación de la familia del senador en el tráfico de sustancias estupefacientes.

El helicóptero pertenecía a la empresa agropecuaria Limeira, propiedad de una familia cercana al excandidato presidencial Aécio Neves.

El senador del Partido Democráta de Brasil (DEM), Ronaldo Caiado, fue denunciado a través de la publicación de un artículo en el diario Folha da Manhã goiano por su excolega Demóstenes Torres en marzo del año pasado, de haber recibido dinero de Carlos Augusto de Almeida Ramos o mejor conocido como Carlinhos Cachoeira en las campañas electorales a diputados de 2002, 2006 y 2010.

"Ronaldo sí era parte de la red de amistades Carlos Cachoeira, incluso fue médico de su hijo”, manifestó Torres.

El senador Cássio Cunha Lima del PSDB, que también integra la comisión, fue removido de su cargo como gobernador del estado de Paraíba por el Tribunal Supremo Electoral en febrero de 2009 por los cargos de abuso de poder económico y político.

Los otros miembros de la comisión que están siendo investigados son los senadores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB). A él lo investiga el Tribunal Supremo por recibir sobornos de más de 140 mil dólares en el caso de Lava Jato.

Fernando Bezerra, del Partido Socialista Brasileño (PSB), fue citado por las revelaciones del exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa, de haber recibido más de cinco millones de dólares cuando era secretario del gobernador Eduardo Campos.

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Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores (PT), señalada de haber recibido donaciones en campaña de 280 mil dólares. Negó haber obtenido ese dinero por parte del exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa.

Lindberg Farias, también del PT, es acusado de obtener donaciones por más de 500 mil dólares. Manifestó que “todas las donaciones de campaña fueron registradas de acuerdo con la ley”.

Los otros senadores como Gladson Cameli, del Partido Progresista (PP); Simone Tebet, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB); Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista de Brasil (PCB); Wellington Fagindes, del Partido de la República (PR); y Simone Tebet, del PMDB, negaron los cargos.

El pasado 17 abril, la Cámara de Diputados de Brasil votó con 367 votos a favor del juicio político contra la mandataria, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes.

El caso pasó a una comisión de 21 senadores, la mayoría de oposición, que tendrá 10 días de debates para escuchar los argumentos de la acusación y la defensa de la presidenta.

Concluidos los debates será votado el informe que elaborará el instructor de la comisión, el opositor Raimundo Lira del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. En caso de ser aprobado y recomendar la apertura del juicio político contra Rousseff pasará al pleno del Senado.


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