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El ministro puertorriqueño de la Gobernación, Víctor Suárez, anunció la transformación de la administración pública con el cierre de varias oficinas, consolidación de agencias y la creación de mayores servicios en línea para reducir el gasto público ante la crisis fiscal.
La decisión forma parte de las medidas que pretende instaurar el gobernador Alejandro García Padilla después admitir que la deuda de 73 mil millones de dólares de la isla es “impagable”.
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Ante la posibilidad de no poder pagar a sus acreedores de Wall Street, García Padilla aseguró que los cambios administrativos serán aplicados "sin despedir empleados".
Desde la sede del ejecutivo en Puerto Rico, en rueda de prensa, el ministro Suárez afirmó que las agencias gubernamentales ya estaban teniendo cambios, pero ahora sufrirán cambios profundos que se aplicarán con mayor intensidad en los próximos días.
Precisó que la posible reducción de la jornada laboral de los empleados públicos dependerá "del flujo de dinero del Gobierno".
Mientras tanto, la corresponsal de teleSUR, Perla Franco, afirmó que el gobernador de Puerto Rico lleva tres días reuniéndose con sectores sociales de la isla, quienes aseguran que no han recibido propuestas del Gobierno.
Franco destacó que lo que se está tratando de hacer es impulsar una serie de medidas neoliberales en la isla a partir del informe realizado por la exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne O. Krueger.
El texto plantea la reducción del salario mínimo, la eliminación del bono navideño, otorgar la libertad a los patrones para que puedan despedir a sus empleados sin implicaciones legales y aumento de las matriculas escolares, entre otras acciones.
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EN CONTEXTO
Pese a que las autoridades puertorriqueñas aseguran no estar en condiciones de pagar una deuda de 73 mil millones de dólares, la isla como estado libre asociado de EE.UU. no puede declararse en bancarrota, de acuerdo a la legislación federal.
Ante este escenario, Puerto Rico deberá hacer frente a la deuda, luego de que el gobierno norteamericano no se planteara un rescate federal de la isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes que desde 1952 es un Estado Libre Asociado (ELA) a esa nación norteamericana, que la invadió en 1898.
