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El portavoz oficial de la Presidencia de Guatemala, Jorge Ortega, negó que el presidente Otto Pérez Molina haya solicitado un amparo ante la Corte Constitucional (CC) para protegerse de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de iniciar un trámite para el retiro de su inmunidad.
“El Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver en esa situación. Está siendo usado el nombre del señor presidente”, dijo Ortega en una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Nacional.
Estas declaraciones surgieron tras la información reseñada en varios medios que aseguraban que el mandatario había tramitado el mencionado amparo.
El corresponsal de teleSUR en Guatemala, Mario Rosales, informó que para la tarde de este viernes se llevará a cabo un sorteo en el Congreso de la República para elegir a los cinco miembros que investigarán el caso de corrupción que salpica al presidente Pérez Molina y decidirán si se le quita o no la inmunidad.
Presidencia de #Guatemala ahora dice que no se ha presentado ningún amparo a favor de Otto Pérez. ¿ Quién está mintiendo?
— Mario Rosales (@MarioteleSUR)
junio 12, 2015
Rosales también destacó que persiste un ambiente de confusión entre los ciudadanos porque no se sabe con certeza qué está pasando. De momento insisten en la renuncia del Presidente, pese a que este reitera que no dejará su cargo.
En contexto
El mandatario guatemalteco es señalado de ser cómplice de la banda de defraudación aduanera llamada La Línea, implícita en el contrato firmado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la farmacéutica Pisa, según el documento de denuncia del diputado Amílcar Pop.
Pérez Molina afirmó el jueves que no dejará su cargo y negó nuevamente estar involucrado en actos de corrupción durante su Gobierno, iniciado en 2012.
La exvicepresidenta Roxana Baldetti renunció a su cargo luego de las protestas que iniciaron miles de guatemaltecos contra el presidente Otto Pérez Molina, en la capital del país (Cuidad de Guatemala) ante la ola de escándalos revelados. Los manifestantes piden la apertura de una investigación al mandatario por su supuesta responsabilidad en la adjudicación de un millonario contrato del IGSS (unos 14 millones de dólares) con la farmacéutica Pisa, para el tratamiento de enfermos con insuficiencia renal.
