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"El tiempo me dio la razón y me la sigue dando. Consejo de Estado ratifica que se usó la Procuraduría para perseguirme e inhabilitarme de manera arbitraria", dijo Córdoba.

"El tiempo me dio la razón y me la sigue dando. Consejo de Estado ratifica que se usó la Procuraduría para perseguirme e inhabilitarme de manera arbitraria", dijo Córdoba. | Foto: Colprensa

Publicado 17 noviembre 2017

La aspirante a la presidencia colombiana enfatizó que la compensación económica otorgada por la Procuraduría no es suficiente para "reparar el daño tan grande que se me hizo en lo político, en lo social y frente a la imagen que se desvirtuó de mí”.

La precandidata a la presidencia de Colombia, Piedad Córdoba, anunció este viernes que los 1.800 millones de pesos en indemnización, que le deberá pagar la Procuraduría General, serán destinados para las mujeres emprendedoras, madres que son cabeza de familia, artistas, indígenas y deportistas del país.

La indemnización fue el resultado del fallo del Consejo de Estado, que declaró nula la inhabilitación por 18 años de los derechos políticos de Córdoba, una de las dos sanciones disciplinarias que la Procuraduría le había impuesto en 2010 a la exsenadora por supuestos nexos con el ex grupo insurgente FARC, ahora partido político.

Córdoba indicó que con el traspaso del dinero busca "generar una serie de microcréditos que les permitan realizar proyectos” a las mujeres emprendedoras. 

Córdoba señaló que los 1.800 millones “jamás serán suficientes para reparar el daño tan grande que se me hizo en lo político, en lo social y frente a la imagen que se desvirtuó de mí”.

La sentencia del Consejo de Estado determinó que Córdoba “no cometió ninguna falta disciplinaria”, cuando fue destituida e inhabilitada por 18 años por el Ministerio Público de Colombia y señaló que no se puede concluir alguna relación delictiva de la entonces senadora liberal con la FARC.

La defensora de los derechos humanos dijo que se trató de una campaña de desprestigio con el propósito de afectar su buen nombre y credibilidad, como lo revelaron al menos cuatro altos directivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 

El fallo de la Procuraduría, de 141 páginas, proferido el 27 de septiembre de 2010, declaró que Córdoba estaba inhabilitada de la política. Seis años después, esta decisión se suspendió al ser catalogada como una violación al debido proceso porque no había garantía de que los archivos, usados como pruebas por el procurador Alejandro Ordóñez, fueran verídicos.

El documento sostiene que las evidencias no eran correos electrónicos de la exlegisladora sino archivos de Word “que fácilmente pudieron modificarse”.


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