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El jefe de la Comisión de Revisión de Firmas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, anunció que el lunes próximo acudirán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir en las salas Constitucional y Electoral un recurso que analice las firmas fraudulentas que incluyó la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su solicitud del referendo presidencial.
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En rueda de prensa desde la Capilla Santa Rosa de Lima, en donde se redactó el acta de la Independencia de Venezuela el 19 de abril de 1810, el alcalde subrayó que estas nuevas acciones de la oposición representan una agresión a la voluntad y al carácter participativo y protagónico de la democracia venezolana, tal como la consagra la Constitución desde su preámbulo, hasta los 350 artículos que la componen, junto a sus disposiciones finales.
"Es contra ellos también (la oposición civil venezolana), es contra la República, es contra las grandes mayorías de la República Bolivariana, es contra el Presidente, es contra la Constitución, el fraude perpetrado por estos sectores", recalcó.
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El alcalde subrayó que pese a las declaraciones del dirigente opositor Henrique Capriles Radonski de que todas las firmas que manifiestan la voluntad de revocar al presidente Nicolás Maduro fueron auditadas antes de ser enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE); eso no impidió que 605 mil 705 registros resultaran defectuosos o fraudulentos.
Detalló que 53 mil 658 personas no aparecen en el registro electoral porque 10 mil 995 firmas pertenecen a personas fallecidas; tres mil tres a menores de edad; y mil 335 personas están imputadas por delitos graves, una condición que los inhabilita políticamente.
.@jorgerpsuv: 605.705 registros fraudulentos encontrados en las planillas entregadas por la oposición. pic.twitter.com/JqyawmW6Em
— Jorge Rodríguez (@CcsConJorge) 10 de junio de 2016
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Insistió en que estas irregularidades serán investigadas y reiteró que con este fraude contra la Constitución, tal y como lo calificó Rodríguez, el objetivo de la derecha no es la activación del artículo 72 de la Carta Magna, sobre el mecanismo del revocatorio, sino buscar instaurar la violencia que les permita derrocar al Gobierno nacional.
“Si realmente lo hubiesen querido, lo hubieran hecho en el lapso cuando podía ser posible convocar al referendo este año, es decir, en enero de 2016 y no hubiesen puesto a los muertos a firmar, a los presos o sentenciados por delitos graves a firmar, o a menores de edad, es decir, hubieran hecho las cosas conforme a lo que esta Constitución les exige”, recalcó.
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La presidenta del CNE, en su pronunciamiento de este viernes más temprano, también advirtió que cualquier agresión, alteración del orden o acción de violencia contra la institución y sus trabajadores obligará a suspender de inmediato el proceso de validación de firmas que se estará efectuando entre el 20 y el 24 junio en las juntas regionales del órgano comicial hasta tanto se restablezca el orden.
Además, la autoridad electoral exigió respeto a la integridad de los trabajadores y a las sedes del ente comicial en todo el país, que han sido objeto de hostigamiento e incluso incendios como ocurrió en 2014 con la oficina ubicada en el estado Zulia (occidente).
