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Víctimas, defensores y organizaciones solicitaron el seguimiento a los deberes y obligaciones de protección que tiene el Estado.

Víctimas, defensores y organizaciones solicitaron el seguimiento a los deberes y obligaciones de protección que tiene el Estado. | Foto: Colprensa

Publicado 15 marzo 2016





Unos 28 líderes sociales han muerto en el último mes en Colombia. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en ese país solicita la creación de una instancia que haga seguimiento al proceso de desmonte del paramilitarismo y una revisión de la fuerza pública.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia solicita a las mesas de diálogo en La Habana, Cuba, la urgencia de crear una Comisión de Alto Nivel de Garantías de no Repetición, ante los ataques y asesinatos de los que han sido blanco líderes de este país, destaca un comunicado.

El informe que incluye una estadística de las muertes y amenazas recibidas por actores sociales, señala como responsable de los hechos a "sectores de ultraderecha", que actúan en respuesta a los anuncios de un inminente cese al fuego bilateral y la eventual firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), así como a los anuncios de los avances en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Cita el texto que "los ataques buscan amedrentar al movimiento social, popular y de Derechos Humanos, ante el amplio respaldo popular logrado por la convocatoria al Paro Nacional del 17 de marzo", y la captura de Santiago Uribe por presunto homicidio y nexos con el paramilitarismo.

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La organizaciones y víctimas manifestaron en el comunicado que observan con entusiasmo los avances que los hacen soñar con el fin de buena parte del conflicto armado entre las FARC- EP y el Gobierno nacional. No obstante, precisan que es necesario que el Estado colombiano enfrente las causas estructurales que han originado "la guerra sucia" manifestada en persecución, exterminio y genocidio de líderes del movimiento social. 

Expresan, además, que para que estos crímenes no se repitan, Colombia debe reconocer y condenar los asesinatos y amenazas, aparte de eliminar las doctrinas y políticas de seguridad fundamentadas en "el enemigo interno". Asimismo, fustigan el papel discriminatorio y la visión sesgada de medios de comunicación, como también la falta de depuración de la administración y la fuerza pública. 

"Si no se hacen las reformas legales e institucionales, no se podrá garantizar que estos crímenes no se volverán a repetir", añade el texto, que además convoca al abordaje y resolución de los problemas para la desactivación total de los actores del conflicto armado, y la paz duradera y sostenible que anhela el pueblo colombiano.

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Asimismo, proponen que la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición adopte medidas de corto, mediano y largo plazo, entre ellas, que se identifiquen los factores de riesgo, violaciones, estructuras económicas, políticas y militares en el ámbito regional o nacional que amenazan o ponen en peligro la vida e integridad de las comunidades y liderazgos.  

También, solicitan el seguimiento a los deberes y obligaciones de protección que tiene el Estado, los cuales deberán ser concertados con líderes en riesgo y con las comunidades, y el seguimiento a las obligaciones de persecución desmonte real y efectivo del paramilitarismo, investigación y sanción de los responsables, auspiciadores y beneficiarios.

Las víctimas, defensores y organizaciones anunciaron que entablarán un diálogo epistolar con los actuales escenarios de las negociaciones de paz para presentar periódicamente informes sobre la situación de derechos humanos en las diferentes regiones del país. 

El dato
Las organizaciones sociales denuncian que en el último mes, 28 activistas sociales han sido asesinados, mientras que otros han sido víctimas de amenazas, atentados, montajes judiciales, seguimientos y señalamientos. 

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