Movimientos sociales de Brasil no permitirán un juicio político contra Dilma Rousseff

Representantes de diferentes movimientos sociales de Brasil aseguraron este jueves que no permitirán retrocesos en los derechos alcanzados en el sistema democrático de ese país y manifestaron su apoyo a la presidenta Dilma Rousseff, ante los ataques de la derecha desde el Parlamento.

El Obispo de la Iglesia Anglicana de Brasil, Francisco Da Silva, aseguró que entre los grupos que intentan desestabilizar el país también hay segmentos religiosos, que utilizan la fe para fundamentar sus acciones. Al respecto, el obispo apuntó que el juicio político con Rousseff va en contra de la democracia y el estado de derecho en este país. Asimismo, señaló que no se trata de un tema partidario sino inconstitucional.

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La representación de la Central Única de Trabajadores repudió los intentos de golpe parlamentario y afirmó que el juicio político contra Rousseff es un engaño por parte de los sectores oligárquicos que no aceptaron los resultados electorales.

El Gobierno de Brasil y representantes de diversos movimientos sociales sostuvieron un encuentro en el que se acordó, según informó el Ministro de Desarrollo Agrario, Patrus Ananias, respaldar la democracia y rechazar el juicio político contra la presidenta de Brasil, debido a que no tiene “base jurídica ni constitucional... representa un golpe”.

Ananias precisó que acordaron crear las condiciones para impulsar la economía de Brasil y la reafirmación de las políticas sociales para una sociedad más justa.

#Brasil: Min. Roberto Barroso del STF considera q la Cámara d Dip. debe autorizar o no el proceso de #impeachment y al Senado juzgar al pdte

— Adriana Robreño (@AdrianateleSUR) diciembre 17, 2015

En contexto

El miércoles 2 de diciembre, el presidente del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, aprobó la solicitud de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por presuntamente haber “maquillado” las cuentas públicas de 2014 y 2015 y "cargado" a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno por 41 mil millones de reales en 2014 (equivalente a unos 10 millones de dólares).

Ante la actuación del congreso brasileño, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil suspendió el proceso de juicio político, decisión que impide a la Cámara de Diputados instalar una comisión especial que evalúe la validez de la petición de enjuiciar a la Presidenta brasileña por el supuesto delito de responsabilidad fiscal.

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