Brasil, golpe en gestación

La derecha brasileña arreció la campaña en contra del líder del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, luego de su designación como ministro de Casa Civil.

"Las dificultades a menudo tienden a crear oportunidades. Las circunstancias actuales me dan la magnífica oportunidad de traer al Gobierno al mayor líder político de este país", dijo la dignataria durante el acto de toma de posesión de Lula este jueves.

La Presidenta manifestó su absoluto repudio a la divulgación de una conversación telefónica entre ella y Lula que fue autorizada por el juez Sergio Moro encargado de llevar la investigación sobre el caso de corrupción en Petrobras.

Denunció que este acto incumple las garantías constitucionales del Ejecutivo y atenta contra el pueblo porque "si hacen esto con la propia presidencia, ¿qué harán entonces con las prerrogativas de los ciudadanos? En el audio, con fecha del miércoles 16 de marzo de 2016, se escucha a Rousseff cuando informa a Lula sobre un documento que legaliza su cargo, información que fue desvirtuada por sus detractores. Con relación a esto, la dignataria explicó que la única intención de ese papel era tenerlo suscrito por si el exmandatario no podía acudir a la ceremonia de posesión, por un problema de salud que sufre su esposa.

Rousseff advirtió que de esta manera empiezan los golpes de Estado. A pesar de todo el clima mediático que generó la oposición para intentar impedir el nombramiento, este jueves Rousseff firmó el acta de posesión de los nuevos ministros del Gabinete, encabezado por Lula da Silva como ministro de la Casa Civil, Jefe de Gabinete.

La designación fue aprovechada por la oposición para asegurar que es un intento de Lula da Silva de obstaculizar el devenir de la justicia en el caso Petrobras, sin embargo, el exmandatario seguirá sometido al proceso de investigación que pasará a manos de la Corte Suprema.

La última medida en contra del ahora ministro de Casa Civil fue la de un juez federal de primera instancia de Brasil que emitió este 17 de marzo una medida cautelar para anular la designación, pero de acuerdo a lo que informó la corresponsal de teleSUR en Brasil, Adriana Robreño, será una instancia mayor la que dictamine si tiene efecto o no. 

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Irregularidades en la detención a inicios de marzo

El exjefe de Estado fue llevado forzosamente a declarar ante las autoridades el pasado 4 de marzo tras el allanamiento a su residencia por funcionarios de seguridad.

De igual forma, la Fiscalía del estado de Sao Paulo (sureste de Brasil) solicitó la medida de prisión preventiva, acción que fue rechazada en varias movilizaciones por militantes del Partido de los Trabajadores (PT) y seguidores de la presidenta Dilma Rousseff.

¿Por qué detienen a Lula?

A inicios de marzo el exmandatario manifestó su intención de ser candidato a las elecciones presidenciales de 2018 si el Partido de los Trabajadores (PT) lo consideraba necesario. Días después presentó por escrito su defensa ante la fiscalía de Sao Paulo por las acusaciones en su contra y se puso a la disposición del órgano para suministrar la información necesaria.

Varios analistas coinciden en que esta acción forma parte del espectáculo al que está acostumbrado el juez que lleva el caso y busca desprestigiar la imagen del líder de Brasil, así como la del PT de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

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El politólogo Juan Manuel Karg manifestó que la detención fue una maniobra que tiene que ver más con los medios de comunicación y con una parte de la justicia brasileña que con la causa Lava Jato, porque Da Silva presentó un pedido para postergar su declaración y preparar mejores elementos para su defensa y fue aceptado. 

Luego ocurrió el allanamiento a su residencia y la detención, aún cuando él nunca se negó a declarar. En este sentido, Karg calificó la acción como muy grave porque se detuvo al expresidente del propio Gobierno que está en funciones lo que evidencia que hay una distancia entre el poder judicial y el Gobierno que, en otros casos, podría ser sana y natural. 

Evitar candidatura en 2018 

Juan Manuel Karg recordó que Lula es uno de los presidentes mejor valorados de la historia de Brasil. Su gestión logró sacar de la pobreza a 28 millones de ciudadanos. La detención es un montaje que tiene que ver con la intención de que Lula no pueda presentarse en las elecciones de 2018. 

El analista manifestó que el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), antagónico del PT, quiere volver al poder para ejecutar una política económica distinta que incluye dejar de financiar los programas sociales. 

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Este ataque, además, va más allá de Brasil y es similar a los que se están dando en contra de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, de Evo Morales en Bolivia y de Nicolás Maduro en Venezuela, afirmó. 

Por otra parte, tiene que ver con una noción de las fuerzas conservadoras de que Brasil es la primera economía de América del Sur y su política define mucho lo que sucede en otras latitudes del continente. 

"Me parece que detrás de esta decisión también está la intención de dar un zarpazo final contra los gobiernos posneoliberales tras la victoria de la derecha en Argentina, en la elección de medio término en Venezuela y en el referendo en Bolivia", aseveró Karg. 

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Asimismo, indicó que este año se votarán alcaldías en Brasil y hay un trasfondo de erosionar aún más al PT, que ha sido el partido más vapuleado en la última década por los medios de comunicación. 

"Van a intentar sacar a Lula de competición y si no lo logran van a mentir sobre él, van a erosionar su figura para tratar de llegar en mejores términos a la elección presidencial", dijo. 

Reiteró que su posible elección en 2018 abriría la posibilidad para un nuevo mandato de Cristina Fernández en Argentina y eso es lo que las fuerzas de oposición y la derecha internacional intenta evitar. 

El show mediático antes que todo 

El analista Beto Almeida destaca la espectacularización de la noticia cuando ocurrió el allanamiento a la casa de Lula da Silva y que incluso los medios de comunicación privados sabían de la detención antes de que ocurriera. 

Considera que no hay duda de que la Policía Federal tiene entrenamiento de la Oficina Federal de Investigación estadounidense (FBI, por su sigla en inglés) y que el Poder judicial actuó en conexión con los procuradores judiciales de Estados Unidos, por lo tanto, existe la posibilidad de que se esté montando un falso positivo en términos jurídicos. 

Respaldo a Lula da Silva

Numerosas figuras políticas de América Latina y el Caribe emitieron un comunicado de solidaridad con el expresidente Lula da Silva, entre ellos, Cristina Fernández (Argentina), Ernesto Samper (Colombia), Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo (Paraguay), José Mujica (Uruguay), entre otros.

Por su parte, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pidió respeto a la dignidad del exmandatario brasileño, luego de que la Fiscalía de Sao Paulo solicitara su detención preventiva en la investigación de supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos.

La Unasur también hizo un llamado para que se respete el derecho a la defensa de Lula, quien, por su parte, señaló al fiscal que lo acusa de parcialidad e intención de usar el cargo para fines políticos.

Los movimientos sociales y seguidores del exmandatario se han mantenido movilizados en las calles en respaldo.

En contexto ​

Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del PT en este caso para solicitar su destitución.

A juicio del periodista y sociólogo brasileño Laurindo Leal, la derecha de su país está jugando todas sus cartas para sacar del poder al Partido de los Trabajadores (PT), tras el anuncio que hizo el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva de volver a lanzarse como candidato en las próximas elecciones.

La oposición implementa acciones como el querer vincular a Rousseff y a Da Silva en el caso de corrupción de Petrobras, pero sus acciones no han salido como lo esperaban.

Así quedó demostrado luego de que la comisión parlamentaria brasileña, encargada de la investigación de corrupción en la petrolera estatal, eximiera a ambos líderes de toda responsabilidad en el caso al no encontrar pruebas en su contra.